Chimbote en Línea.- El lavado de activos procedentes del narcotráfico en el Perú podría superar los 5 mil millones de dólares anuales. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) hay 8 departamentos que reportan “operaciones sospechosas”: La Libertad, Áncash, Lambayeque, Piura, Ica, Callao, Tacna y Arequipa.

En este contexto y próximos a las Elecciones Generales del 2016, el especialista en temas electorales Gerardo Távara Castillo advierte que “la política peruana se ve amenazada seriamente por la penetración del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas que buscan financiar candidatos para asegurar un manto de impunidad y protección”.

“Miremos Colombia, Centroamérica y México y constataremos que en todos los países azotados por el crimen organizado –el narcotráfico, especialmente- éste busca penetrar la política y cuando no lo consigue la ataca, amenaza y asesina”, señala en su artículo Elecciones 2016: ¿quién te financia?, publicada en los portales de Perú en Línea.

Para Távara, los resultados de una elección han de ser expresión de la voluntad de las personas y de sus preferencias respecto de ideas y propuestas de gobierno. Para ello, se requiere que los “factores externos” no condicionen ni restrinjan esa voluntad.

“El dinero es uno de esos factores; es por ello que en todas las legislaciones del mundo democrático se busca regular el financiamiento de la política y de las campañas electorales para evitar –o, al menos, reducir- el riesgo de que sea el dinero el principal determinante. Eso ha llevado a que en muchos países se establezcan topes a lo que un partido puede gastar en una campaña o incluso a prohibir el financiamiento privado”, sostiene.

En los próximos días se debatirá la propuesta presentada por la Comisión de Constitución del Congreso de la República para modificar la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales; que ha tenido observaciones de los tres organismos electorales (ONPE, JNE y Reniec) y entidades que conforman la Plataforma por la Reforma Electoral, entre ellas Transparencia.

“Preocupa fuertemente que el Presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Freddy Otárola, haya propuesto elevar de 30 a 300 UIT el tope de lo que una persona o empresa puede aportar cada año a un partido político; 300 UIT equivalen a 1 millón 155 mil soles”, dijo.

“La propuesta de Otárola elimina, además, los topes para el financiamiento anónimo bajo la modalidad de actividades proselitistas (rifas, polladas, bingos, “waldotones”, etc.). Como señala José Alejandro Godoy,  la situación sería mucho más grave aún porque el proyecto califica como infracciones “leves” no presentar los reportes o no identificar a los aportantes, para lo que se aplicaría una sanción de apenas 10 UIT que equivalen a 38,500 soles. Vamos a ponerlo en palabras sencillas: el partido puede recibir de una persona más de un millón de soles, no declararlo y pagar una multa de 38 mil”, explica.

“Los partidos se resisten, además, a pagar las multas que ONPE les impone por infringir las normas sobre financiamiento. Trece de los movimientos que ganaron las elecciones del 2014 y hoy gobiernan las regiones no presentaron su informe en el 2014 (entre ellos Áncash y Piura). Pero el caso más visible es el del partido Alianza por el Progreso que desde las elecciones del 2011 arrastra una deuda de más de 2 millones de soles y cuyo líder ha afirmado enfáticamente que no la pagará”, critica Távara.

“Estamos a tiempo de evitar esta grave ´trampa´ para la política y la democracia peruana. Pregunte usted a su Congresista ¿cómo financió su campaña?; pregunte a los nuevos candidatos y candidatas ¿quién te financia? Tenemos derecho a saber”, finaliza.  (Redacción central)