Chimbote en Línea (Por: Gerardo Távara Castillo)  El Congreso de la República debate por estos días una propuesta para modificar la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Se trata de un debate que se produce “al filo de la navaja”, en parte porque queda ya muy poco tiempo antes de que el Presidente de la República convoque a elecciones y, por tanto, deba suspenderse el debate sobre reformas electorales, y en parte por la polarización que el tema ha generado entre partidos políticos, congresistas y representantes de los organismos electorales.

El tema es de la mayor importancia y por varias razones. Los resultados de una elección han de ser expresión de la voluntad de las personas y de sus preferencias respecto de ideas y propuestas de gobierno. Para ello, se requiere que los “factores externos” no condicionen ni restrinjan esa voluntad.

El dinero es uno de esos factores; es por ello que en todas las legislaciones del mundo democrático se busca regular el financiamiento de la política y de las campañas electorales para evitar –o, al menos, reducir- el riesgo de que sea el dinero el principal determinante. Eso ha llevado a que en muchos países se establezcan topes a lo que un partido puede gastar en una campaña o incluso a prohibir el financiamiento privado.

Otra razón tiene que ver con la renuencia de las organizaciones política peruanas a reportar ante la ONPE sus ingresos y gastos de campaña. Según informes del organismo electoral, los partidos y movimientos regionales declaran en promedio un tercio de lo que realmente recaudan y gastan en una campaña y no son pocos los que no cumplen con esta obligación legal. Así, 13 de los movimientos que ganaron las elecciones del 2014 y hoy gobiernan nuestras regiones no presentaron su informe financiero de ese año.

Los partidos se resisten, además, a pagar las multas que ONPE les impone por infringir las normas sobre financiamiento. El caso más visible es el del partido Alianza por el Progreso que desde las elecciones del 2011 arrastra una deuda de más de 2 millones de soles y cuyo líder ha afirmado enfáticamente que no la pagará..

Por si fuera poco, la política peruana se ve amenazada seriamente por la penetración del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas que buscan financiar candidatos en busca de un manto de impunidad y protección.

Si bien las áreas de cultivo de hoja de coca se han reducido, el Perú sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína; el lavado de activos procedentes del narcotráfico podría superar los 5 mil millones de dólares anuales y entre los departamentos en los que la Unidad de Inteligencia Financiera reporta “operaciones sospechosas” se encuentran La Libertad, Áncash, Lambayeque, Piura e Ica, además del Callao, Tacna y Arequipa. Miremos Colombia, Centroamérica y México y constataremos que en todos los países azotados por el crimen organizado –el narcotráfico, especialmente- éste busca penetrar la política y cuando no lo consigue la ataca, amenaza y asesina.

Por estas y otras razones preocupa fuertemente que el Presidente de la Comisión de Constitución, el Congresista Freddy Otárola, haya propuesto elevar de 30 a 300 UIT el tope de lo que una persona o empresa puede aportar cada año a un partido político; 300 UIT equivalen a 1 millón 155 mil soles.

La propuesta de Otárola elimina, además, los topes para el financiamiento anónimo bajo la modalidad de actividades proselitistas (rifas, polladas, bingos, “waldotones”, etc.). Como señala José Alejandro Godoy,  la situación sería mucho más grave aún porque el proyecto califica como infracciones “leves” no presentar los reportes o no identificar a los aportantes, para lo que se aplicaría una sanción de apenas 10 UIT que equivalen a 38,500 soles. Vamos a ponerlo en palabras sencillas: el partido puede recibir de una persona más de un millón de soles, no declararlo y pagar una multa de 38 mil.

Estamos a tiempo de evitar esta grave “trampa” para la política y la democracia peruana. Pregunte usted a su Congresista ¿cómo financió su campaña?; pregunte a los nuevos candidatos y candidatas ¿quién te financia? Tenemos derecho a saber.

Foto: Andina