Chimbote en Línea (Anticorrupción- Informe Diario16).-Alto grado de corrupción, impunidad, jueces y fiscales al servicio del presidente regional, instituciones sometidas, asesinatos y amedrentamiento.
Este escenario crítico fue el que describió hace un año y medio el procurador público anticorrupción de la provincia del Santa, Áncash, en un documento que remitió a sus superiores en la capital para dar cuenta del caso denominado “La Centralita”.
El 13 de setiembre de 2012, el procurador del Santa, Richard Asmat Urcia, le envió a su superior jerárquico, el entonces procurador público anticorrupción Julio Arbizu, un informe de cinco páginas con un recuento pormenorizado de los pasos que había seguido en sedes fiscal y judicial el caso “La Centralita”.
El Informe Nº s/n-2012-PPAD/Santa fue recibido por el despacho de Arbizu el 17 de setiembre. Lo que el exprocurador anticorrupción leyó en esas líneas lo dejaron perplejo. Y no era para menos. El panorama en Áncash, desde el punto de vista institucional, era desolador.
“Esta es la manera como se caen los procesos, como se vienen abajo denuncias formuladas, como se amedrenta a jueces y a fiscales”, señaló el procurador del Santa en uno de los párrafos.
El Estado visto por el Estado. Lo que reseña el documento es la constatación que día a día hace el funcionario responsable de luchar contra la corrupción en esa provincia del norte del país, y explicaría en parte por qué Áncash es considerada, hoy, una región tomada.
PUDO VERSE EN LIMA
Tres semanas antes de la elaboración del documento, la Fiscalía Anticorrupción del Santa había decidido enviar el caso “La Centralita”, por su gravedad y complejidad, al despacho del fiscal de la Nación, para que se encargue de las investigaciones.
Pensando en que el caso sería investigado en la capital fue que el procurador del Santa le hizo un informe pormenorizado de los hechos a Julio Arbizu.
Al final, el caso no se vio en Lima, porque el fiscal de la Nación, José Peláez, lo devolvió a Áncash.
Por ejemplo, el procurador Asmat Urcia le cuenta a Arbizu que la denuncia se refería a que el presidente regional, César Álvarez, habría presuntamente destinado medio millón de soles mensuales para pagar en la llamada “Centralita” a jueces, fiscales, policías y periodistas.
Asmat narra que la diligencia fiscal de allanamiento y descerraje de ese local donde presuntamente se ejecutaban acciones de espionaje se frustró debido a la infidencia de un grupo de servidores judiciales.
“(Ello) dio como resultado el conocimiento de esta diligencia fiscal, lo que tuvo como respuesta la destitución de (los) magistrados (fiscales), destitución que se dio por el pedido del propio presidente regional al requerírselo al tan cuestionado y recientemente ratificado fiscal superior Farro Murillo, quien presumiblemente sería su principal aliado (de Álvarez)”, dijo.
Dante Farro Murillo fue hasta hace unos días el inamovible fiscal superior decano de la provincia del Santa. En base a un informe suyo, el fiscal de la Nación José Peláez despidió a los cuatro fiscales anticorrupción –César Jiménez, Javier Estrada, Miguel vilca y Christian Aceijas– que allanaron “La Centralita”.
“Esta es la manera como se caen los procesos, como se vienen abajo las denuncias formuladas, como se amedrenta a jueces y fiscales y a cualquier ciudadano que pretenda luchar contra esta corrupción”, le comentaba el doctor Asmat a su jefe Arbizu.
Una línea más abajo agregaba: “Dicho de otra forma, la corrupción o impunidad impera en esta región, jueces y fiscales al servicio del presidente de esta región”.
EL PAPEL DE LA FISCALÍA
En un primer momento –refiere el aún procurador Asmat– esta investigación fue archivada por el fiscal provincial (anticorrupción) Martín Pedro Garay Mercado. “(Se trata de un) fiscal bastante cuestionado por sus actuaciones en torno a los procesos o investigaciones o casos que involucraban a la Región Áncash, pues del 100% de estos casos, el 90% o más eran archivados”, da cuenta.
Luego de una reapertura, el mismo fiscal volvió a archivar el caso.
La apelación de la Procuraduría del Santa caía por su propio peso, pero una vez presentada fue rechazada por un fiscal de segunda instancia, Segundo Felipe López Sotelo, quien dispuso confirmar el archivo anterior. Dos archivamientos.
Lejos de impulsar una investigación, este fiscal parecía más bien preocupado por César Álvarez. “Ningún ciudadano debe ser indebidamente procesado”, había decidido el hombre de la ley.
Pero la Procuraduría insistió y aportó otros elementos, y por fin logró la reapertura del caso en marzo de 2012, y cuando ya se desarrollaban nuevamente diligencias como el recojo de testimonios y visualización del material incautado, la Fiscalía del Santa decide enviar el caso a Lima.
Para ese entonces, agosto de 2012, Ezequiel Nolasco ya había sufrido el primer atentado que acabó con la vida de su hijo; para entonces el propio Nolasco ya había declarado –como lo reveló este diario el domingo último– que ese intento de asesinato fue planificado en “La Centralita”.
Y también se había asesinado al consejero regional José Luis Sánchez Milla, se había atentado contra la vida del opositor Juan Calderón Altamirano, y se había amenazado de muerte a varios fiscales que no limitaban sus esfuerzos investigativos en temas delicados de la región.
Los casos de corrupción, además, eran numerosos, principalmente las obras presuntamente sobrevaloradas que se convocaron y contrataron vía la OEI, lejos de cualquier asomo de transparencia.
Por eso, el recuento del procurador Asmat adquirió ese tono cuasi apocalíptico.
ALTO GRADO DE CORRUPCIÓN
En la parte de las conclusiones de su informe, Asmat le comentó a Arbizu que en el asunto “La Centralita” existían “indicios razonables de actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de alto rango (Región Áncash, congresistas y otros)”.
Por congresistas se refería el procurador a Heriberto Benítez y a Víctor Crisólogo, quienes habrían ido, junto con Álvarez, hasta la oficina del fiscal superior decano a pedir que se detenga la diligencia de allanamiento y descerraje de ese local.
“En segundo lugar, no sólo con el actuar de los fiscales que actuaron precedentemente (archivaron) este caso, sino con que en todos los casos que se archivan cuando los temas que se investigan competen a la Región Áncash, queda demostrado el alto grado de corrupción que existe”, ´señaló.
“Cuyo titular (del gobierno regional) y determinados funcionarios tienen sometidos por corrupción y/o amedrentamiento (muertes y atentados) tanto al Ministerio Público y al Poder Judicial”, continuó.
Con el documento en su despacho, el entonces procurador Arbizu conversó del tema con el Consejo de Defensa Judicial del Estado, en el Ministerio de Justicia, y refirió que el procurador Asmat también recibía amenazas.
“Yo siempre dije que Áncash era la región con más casos de corrupción, y avisamos al Consejo que el procurador Richard Asmat y la procuradora anticorrupción (Patricia Gamarra) de Huaraz habían sido amenazados”, dijo Arbizu a este diario.
¿Qué hizo Justicia? Tal vez, como las demás instituciones en este caso, dejaron que el tiempo sea el que arregle las cosas en esa región. Pero ha ocurrido lo contrario.
PROCURADURÌA VS. CONTRALORÌA
El riesgo del problema de Áncash es que de alguna manera podría traer consigo entredichos entre algunas instituciones abocadas al combate contra la corrupción.
Es el caso de la Procuraduría Anticorrupción, cuyo titular, Christian Salas Beteta, criticó ayer en el programa de Rosa María Palacios, en Radio Exitosa, que la Contraloría General de la República no haya intervenido en 28 investigaciones fiscales por presunta corrupción.
“Hay 28 investigaciones en Áncash que están a nivel de Ministerio Público, pero en ninguna de ellas ha intervenido la Contraloría”, señaló Salas.
La Contraloría no se ha manifestado aún. Pero una probable explicación es que en contratos en los que hay organizaciones internacionales de por medio –en el caso de Áncash, la OEI– el órgano de control no puede auditar ni una factura.
De hecho, Salas Beteta dijo en la misma entrevista que Áncash lo hizo así “para evitar la auditoría”. Y es que, como se recuerda, una organización internacional tiene inmunidad diplomática y no está obligada a rendir cuentas a ninguna institución del país. Así, la transparencia se hace humo.
Esa ha sido la constante en esta región norteña. Según el congresista Modesto Julca existen 118 obras presuntamente sobrevaloradas en la región. Nada menos. (Por Daniel Yovera- Diario16.pe)
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