Chimbote en Línea.  – El congresista Idelso García, de la bancada Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que propone establecer el delito de terrorismo urbano y sancionarlo hasta con 30 años de cárcel, a fin de fortalecer la seguridad.

 

Para tal fin, el proyecto modifica el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo, a fin de sancionar con 30 años de cárcel si el accionar provoca la muerte de una o más personas o si los daños causados a bienes públicos y privados impiden la prestación de servicios esenciales.

 

Se sancionará con 25 años si el accionar genera daño materia contra a propiedad pública y privada, si se obliga a participar de los mismos a menores de edad o si se llegase a producir lesiones graves a terceras personas.

Y con 20 años de prisión a las personas que faciliten armas, herramientas o información para tales actos, así como el reglaje de posibles víctimas o información personal de estas.

 

La iniciativa considera como terrorismo urbano si la motivación de quienes mantienen en estado de zozobra a la población, son actos contra la vida, la libertad y la seguridad, contra el patrimonio, edificios públicos, entre otros, además de ideológica o impulsada por el deseo de obtener una compensación económica mediante la amenazas, la coacción o haciendo uso de esos recursos.

 

Argumenta que los altos índices de inseguridad constituyen un obstáculo para el crecimiento económico y la consecución de metas sociales relevantes, como la reducción de la pobreza.

 

Asimismo, el proyecto precisa que el crimen en el Perú, en sus diferentes formas, representa una de las principales problemáticas para la seguridad ciudadana y en la que intervienen armas letales de impacto mayor como granadas y dinamita.

 

“Se hace necesario que las acciones de este tipo de delito sean catalogadas como terrorismo urbano. Más que generar daños contra el patrimonio, generan principalmente estado de zozobra y alarma no solo en las personas víctimas de extorsión,  sino en la población en general”, apunta.

 

Capacitan a jueces sobre el procedimiento administrativo disciplinario

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) capacitó a jueces y jefes de las 34 Oficinas Descentralizadas de este organismo, así como funcionarios y servidores, respecto del "Procedimiento Administrativo Disciplinario y Medidas de Prevención".

 

La ponencia académica estuvo a cargo de los jueces de control Carlos Anticona Luján y Miriam Malqui Moscoso y contó con un total de 468 participantes.

 

Durante las fechas programadas, los ponentes realizaron un análisis profundo del Reglamento del Procedimiento Disciplinario y de las Medidas de Prevención de la Autoridad de Control, destacando la importancia de abordar situaciones complejas como el concurso de infracciones y casos donde una conducta pueda calificar como una o más faltas administrativas.

 

En el aspecto de la razonabilidad, se hizo hincapié en que las autoridades deben prever que la comisión de una conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor, ya que es relevante la búsqueda de la equidad y la justicia en cada procedimiento disciplinario.

 

Se resaltó la importancia de la etapa instructora en este tipo de procedimientos administrativos, donde el juez de control a cargo del trámite debe evaluar los medios probatorios para que determine la existencia o no de responsabilidad, la misma que estará basada en evidencia sólida.

 

Se puso especial énfasis en la esencia del nuevo reglamento de la Autoridad Nacional de Control del PJ, del cual manifestaron que es garantista. 

 

“El juez que califica no es el mismo juez que está cargo de la instrucción, ni tampoco es el mismo que sanciona la falta; son diferentes magistrados por cada etapa”, explicaron.

 

Por su parte Alfredo Angulo Palma, gerente de Administración de la ANC-PJ, proporcionó detalles esenciales sobre el Reglamento de Organización y Funciones. Describió a este documento como un componente técnico normativo que refleja un diseño organizacional de obligatorio cumplimiento.

 

Angulo Palma enfatizó que el reglamento establece competencias, funciones específicas y una estructura orgánica que otorga funcionalidad a la entidad de control a nivel nacional.

 

En este contexto, el jefe de la ANC-PJ, Roberto Palacios Bran, consideró vital que todos los funcionarios públicos adscritos a las labores de control, tanto en la sede central como en las oficinas descentralizadas, deben consolidarse como un referente de control en el ámbito judicial, a fin de garantizar la transparencia y la eficiencia en los procedimientos disciplinarios. (Fuente: Andina)