Chimbotenlinea.com (Fuente Diario de Chimbote).-En un fallo que ha puesto de vuelta y media al presidente regional César Álvarez Aguilar y todo su entorno, el juez huaracino David Ramos Muñante, responsable del Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, decidió dejar sin efecto el convenio ilegal que firmó el Gobierno Regional de Ancash(GRA)con la cuestionada Organizaciones de Estados Iberoamericanos (OEI).
El referido magistrado mediante Resolución Nº 036 notificada al gobierno regional de Ancash, dispuso ratificar su decisión de pedir que se deje sin efecto y se suspenda el convenio entre la administración regional de Ancash y la Organización de Estados Iberoamericanos(OEI), para los procesos de licitación de obras bajo responsabilidad administrativa y judicial de las autoridades y funcionarios del gobierno regional de Ancash.
Así lo confirmó ayer a nuestro Diario, vía telefónica, el abogado Gilmer Asis Ortiz quien recordó que en una primera oportunidad el propio Juez David Ramos Muñante se pronunció en contra de dicho convenio y lo anuló con los mismos argumentos, lo que obligÓ a los asesores legales del gobierno regional a apelar esta resolución ante la Segunda Sala Penal de Huaraz, cuando se desempeñaba como vocal superior el cuestionado Edgardo Ames Herrera, quien precisamente junto a Gregorio Arias Blas declararon nula esta resolución con el voto en contra de la Dra. Betty Tinoco, argumentando que en la resolución judicial faltaba motivación para fundamentar el hecho y el derecho de los delitos cometidos.
Sin embargo tras haber subsanado las observaciones de los vocales, el juez de primera instancia ha emitido una nueva resolución judicial dejando sin efecto el convenio y suspendiendo el mismo porque se ha encontrado serias irregularidades que vulneran la normatividad legal vigente.
La primera observación que ha hecho el juez David Ramos Muñante, es que el referido convenio fue firmado por parte del gobierno regional por Cesar Álvarez Aguilar, en su calidad de Presidente del Gobierno Regional con el visto bueno del Director Regional de Asesoría Jurídica, en ese entonces el abogado Hernán Molina, lo que deviene en irregular, porque en cumplimiento a la legislación vigente dicho convenio debería haber estado visado (según el Art. 22º de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) por el Gerente General Regional y por todas las Gerencias Regionales, tales como de: Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Administración, Infraestructura y Desarrollo Económico; lo que jamás se cumplió.
Asimismo, al momento de la suscripción del convenio no se contó con el Informe previo de la Oficina de Presupuesto, demostrando las ventajas y beneficios de su concertación, así como de la disponibilidad de recursos para su financiamiento. Incumpliéndose la Sétima Disposición Final de la Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, explicó el abogado Gilmer Asis al comentar la resolución judicial que ha puesto de vuelta y media a las autoridades regionales que ayer generaron una seudo protesta, sin éxito, en los exteriores de la Corte de Justicia de Huaraz.
Por otro lado, el Juez David Ramos Muñante ha establecido que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene como finalidad y así lo disponen sus estatutos, desarrollar acciones respecto a la educación, la ciencia y la cultura.
“En ninguna parte, sus estatutos mencionan que puede dedicarse a realizar procesos para la selección y/o contratación de consultores especializados para brindar los servicios de asesoría técnica o profesional, gerencias, diseño de especificaciones técnicas, elaboración de estudios especializados. Adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras y/o cualquier otra actividad que se requiera” señala la resolución del juez huaracino.
“Pese a dichas incompatibilidades, el presidente regional conjuntamente con su asesor jurídico, suscribieron este irregular convenio. Sin embargo las irregularidades más saltantes se encuentran en el incumplimiento de la base legal referido a que dicho convenio no fue refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores así como tampoco existió una contrapartida de la entidad internacional para ejecutar dicho convenio para licitar obras y consultorías.
Tampoco se permitió la intervención de CONSUCODE (hoy OSCE) que supervise las controversias que pudieran plantearse a nivel de impugnaciones en los procesos de selección, dice la resolución del juez huaracino.
“En este sentido, el presidente regional, el director regional de asesoría jurídica y sus funcionarios respectivos no han cautelado el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el destino de los recursos del Estado; por lo que habrían incurrido en el Delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado, Malversación, Colusión Desleal y Defraudación al Estado, culminó diciendo el abogado Gilmer Asis.