Chimbote en Línea (Judicial) El Instituto de Defensa Legal (IDL) criticó la elección de Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. Consideró que las denuncias que pesan en su contra lo desacreditaban para ser elegido en ese cargo.
“Se ha elegido a uno de los postulantes más cuestionados, cuyas denuncias en contra actualmente están en manos del Congreso y del Consejo Nacional de la Magistratura. Consideramos que los fiscales supremos debieron ponderar la actual situación de crisis de la Fiscalía y elegir la mejor opción que recupere la legitimidad perdida en la Fiscalía de la Nación”, aseguró a través de un comunicado.
El IDL también mencionó la presunta buena relación que tendría el nuevo fiscal de la Nación con el cuestionado Gobierno Regional de Áncash, al mando de César Álvarez.
“Lamentamos que esta elección sea un grave contrasentido con los compromisos asumidos con la población de Áncash que, en base a denuncias de diversas personas, exigía un cambio en la Fiscalía que les dé garantías de independencia, imparcialidad y eficacia en su actuación de defensa de la legalidad”, aseguró.
“Se pedía legítimamente un cambio, no obstante, ello no ha sido debidamente sopesado por la Junta de Fiscales Supremos toda vez que el elegido es uno de los fiscales supremos señalados por los denunciantes en el caso paradigmático de “La Centralita”, recordó.
El cuestionado fiscal de la Nación sucede en el cargo a José Peláez Bardales y fue elegido hoy por la Junta de Fiscales con cuatro votos a favor y uno en contra. Ocupará el cargo hasta el 2017. (Tomado de Le República)
Aquí el pronunciamiento completo:
IDL lamenta elección de Carlos Ramos como Fiscal de la Nación
El día de hoy ha sido elegido el fiscal Carlos Ramos Heredia como Fiscal de la Nación. Al respecto, el Instituto de Defensa Legal (IDL) señala lo siguiente:
Lamentamos el resultado de la elección en la Junta de Fiscales Supremos. Ello, a raíz de que se ha elegido a uno de los postulantes más cuestionados, cuyas denuncias en contra actualmente están en manos del Congreso y del Consejo Nacional de la Magistratura. Consideramos que los fiscales supremos debieron ponderar la actual situación de crisis de la Fiscalía y elegir la mejor opción que recupere la legitimidad perdida en la Fiscalía de la Nación.
Además, lamentamos que esta elección sea un grave contrasentido con los compromisos asumidos con la población de Ancash que, en base a denuncias de diversas personas, exigían un cambio en la Fiscalía que les dé garantías de independencia, imparcialidad y eficacia en su actuación de defensa de la legalidad. Se pedía legítimamente un cambio, no obstante, ello no ha sido debidamente sopesado por la Junta de Fiscales Supremos toda vez que el elegido es uno de los fiscales supremos señalados por los denunciantes en el caso paradigmático de “La Centralita”.
Asimismo, lamentamos que el proceso de elección de Fiscal de la Nación haya sido llevado en contra los principios democráticos de todo Estado Constitucional. La inexistencia de un reglamento mínimo de elección que visibilice las candidaturas y los méritos de las mismas ha mellado gravemente la transparencia así como la efectividad de la participación ciudadana. Que el fiscal Peláez haya hecho referencia de un posible “outsider” es indicio de la arbitrariedad con la que se ha llevado a cabo la elección.
Por último, lamentamos que previo a la elección se hayan sucedido una serie de hechos cuestionables que dan la imagen de un direccionamiento en la elección del Fiscal de la Nación y que, a su vez, deben ser investigados debidamente por las instancias pertinentes. Las presuntas irregularidades y cuestionamientos señalados por la ex fiscal Gladys Echaíz y el fiscal Gonzalo Chavarry en la elección del representante de la Fiscalía al Jurado Nacional de Elecciones, y la no convocatoria de parte de fiscal Peláez para el cargo de titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno que ocupó el fiscal Ramos hasta el día de hoy, en abierta violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público; son situaciones que vulneran la autonomía fiscal y echa sombras a la forma cómo se gobierna actualmente el Ministerio Público. Ante esta situación, es momento que el Congreso de la República legisle sobre un reglamento que le dé predictibilidad, transparencia y fortalecimiento institucional a la elección del Fiscal de la Nación.
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