Chimbote en Línea.- L a Contraloría General de la República alertó que siete municipalidades distritales de Áncash no asignaron meta presupuestal ni recursos logísticos necesarios para el funcionamiento de la Procuraduría Pública Municipal para el 2026, a pesar de que dicha instancia se encuentra considerada en sus estructuras organizacionales, situación que limita la operatividad de la defensa jurídica y pone en riesgo la protección de los intereses institucionales.

La situación descrita fue identificada en tres comunas distritales ubicadas en la provincia del Santa: Nepeña, Moro y Macate. Además, en Huayán (Huarmey), Recuay (Recuay), Santa Cruz (Huaylas) y San Cristóbal de Raján (Ocros). En todas ellas, las procuradurías se encuentran consideradas en sus respectivos Reglamentos de Organización y Funciones, ya que representan a las municipalidades en procesos judiciales, administrativos, arbitrales y ante la policía o fiscalía, garantizando la defensa del patrimonio municipal.

Tal como señala la normativa, la Procuraduría Pública Municipal es el órgano encargado de representar y defender los derechos y los intereses de la municipalidad (distrital o provincial) ante los órganos jurisdiccionales de los diferentes distritos judiciales del país al intervenir en todas las instancias en los fueros constitucional, civil, laboral y penal, además de instituciones y organismos públicos o privados, así como las demandas administrativas contenciosas.

Forman parte del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado; por ello, se encuentran vinculadas administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado y se rigen por la normativa vigente en la materia. Dependen administrativamente del alcalde, quienes (según lo establecido por el Decreto Legislativo n.° 1326) tienen la obligación de asegurar su normal funcionamiento y garantizar la asignación de los recursos logísticos (medios informáticos, mobiliario, etc.).

Los siete informes de orientación de oficio se comunicaron a los respectivos alcaldes distritales a fin de que se adopten las medidas correctivas. Fueron elaborados por los Órganos de Control Institucional (OCI) de las municipalidades provinciales del Santa, Huarmey, Recuay y Ocros.