Chimbote en Línea.- Con el propósito de garantizar la neutralidad y transparencia política de sus trabajadores durante los procesos electorales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) aprobó una directiva al respecto.

La finalidad de dicha directiva es garantizar la neutralidad y transparencia de los órganos y programas nacionales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) en los procesos electorales que comprenden la elección de autoridades mediante voto popular, a escala nacional, regional y local; así como en los referendos y otros tipos de consulta popular.
 
De acuerdo con las disposiciones generales, el servidor y servidora del Mimp deben actuar con imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones respecto a las distintas opciones políticas presentadas en los comicios.
 
Asimismo, comprende la prohibición del aprovechamiento del cargo para beneficiar o perjudicar a cualquier candidato o candidata de un partido, movimiento o agrupación política que participe en las elecciones.
 
Entre los principios rectores que conciernen a la actuación del empleado y empleada del Mimp se señala que deben respetar la ley, conducirse con probidad, expresarse con veracidad, al igual que actuar con justicia y equidad en sus relaciones con el Estado, el administrado, sus superiores, sus subordinados y con la ciudadanía en su conjunto.
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales que diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazadas y migrantes internos.
 
Además de sus direcciones generales y direcciones rectoras forman parte del Mimp los programas Inabif, Yachay y Vida Digna.
 
La directiva exhorta al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y a las sociedades de beneficencia pública que aún no han sido descentralizadas a que aprueben sus normas sobre neutralidad y transparencia en los procesos electorales. (Andina)