Chimbote en Línea. - Contraloría General determinó que funcionarios de la Autoridad Portuaria Regional de Áncash (APR), sin supervisar y por tres años consecutivos, contrataron a un locador impedido e inhabilitado por el Poder Judicial para contratar con el Estado, lo que afectó la legalidad e idoneidad para el acceso de personal en la administración pública y el funcionamiento del sistema judicial. Este hecho generó el pago irregular de S/119 000.

Según las directivas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en todo proceso de incorporación de una persona natural a la Administración Pública (cualquiera sea la modalidad de contratación) la entidad deberá constatar que no se encuentre inhabilitado para ejercer función pública en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), además de revisar cada mes el listado mensual actualizado. Sin embargo, desde enero del 2020 a noviembre del 2022, la APR-Áncash contrató a un contador público que se encontraba condenado e inhabilitado por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple en agravio de la Municipalidad Provincial del Santa.

La inhabilitación para laborar en la administración pública regía del 16 de noviembre de 2019 hasta el 15 de noviembre de 2022, fechas que fueron registradas en el RNSSC; según detalla el Informe de Control Específico N° 089-2023-2-0344-SCE. No obstante, el cuestionado profesional prestó servicios en temas contables y financieros a la APR-Áncash desde el 2 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2022, cuyos honorarios mensuales sumaron S/ 119 000 en total.

Durante dicho periodo y pese a tener pleno conocimiento de la sentencia y su respectiva inhabilitación en el RNSSC, el locador suscribió y presentó Declaraciones Juradas de Ausencia de Incompatibilidades ante la APR-Áncash, sin que el personal a cargo de su contratación realice la supervisión en concordancia con las normas vigentes. La situación descrita permitió que se incumplan los mandatos del Poder Judicial y se ponga en riesgo el manejo de los fondos públicos que estuvieron a cargo del locador.

El informe de control posterior, publicado en el Buscador de Informes, fue elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Santa y comunicado al presidente del Directorio de la APR y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Áncash para se efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas y legales que correspondan contra los tres funcionarios involucrados en los hechos.

VER INFORME https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=20...