Chimbote en Línea.- El diario La Republica presenta hoy una nota detallada de lo ocurrido con la exprocuradora anticorrupción, encargada del caso "La centralita", Yeni Vilcatoma, que ha logrado estremecer las grandes esferas del poder político en nuestro país, ya que esta valiente mujer le ha declarado la guerra al mismo ministro de Justica, Daniel Figallo, quien pese a su negativa ha dejado serias dudas respecto a su interés personal por la situación del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio.

Si bien en las conversaciones que Vilcatoma sostuvo con el titular de Justicia, y que fueron grabadas por la exfuncionaria, no se escuha a Figallo pedir se le favorezca a Belaunde Lossio, lo que se cuestiona es el particular interés del ministro por el caso, pues según se conoce no fue la única oportunidad en que trató con fiscales y procuradores  encargados del caso "La centralita".

A continuación les ofrecemos la nota titulada "El suicidio de Yeni Vilcatoma" del reconocido periodista de investigación Ricardo Uceda.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la carta de la Procuradora Yeni Vilcatoma al presidente Ollanta Humala es la decisión en sí misma. Fue, ante todo, personal. El contenido sorprendió a propios y extraños, aunque la noche anterior Vilcatoma comunicó al equipo de procuradores que haría una denuncia. Les adelantó los detalles, el contenido. En el grupo  no hubo temperamento para respaldar la acción conjuntamente. Estaban sin jefe, tras haber sido aceptada la renuncia de Salas el 28 de noviembre.

ADIÓS, PROCURADOR

Vilcatoma había llegado a la convicción de que el entorno en el que trabajaba dentro del Estado conspiraba contra el esclarecimiento de los hechos de corrupción en el gobierno regional de Áncash. Desde hacía meses, ella, su adjunto Hugo Laurente, y el ex Procurador Salas —los únicos que conocían a fondo el expediente, denominado La Centralita—, ya estaban seguros de que los fiscales encargados del caso tenían una premeditada contemplación hacia los principales acusados. Luego percibieron que el gobierno estaba interesado en favorecer el acogimiento de Martín Belaunde Lossio, protegido de Palacio de Gobierno,  al sistema de colaboración eficaz. Como ellos se opondrían, eran un obstáculo.

Para la Procuraduría, el amigo de Ollanta Humala era cabecilla de organización delictiva, y, por lo tanto, ajeno a los beneficios de un delator. Para el gobierno, era alguien al que había que defender, aunque esto no pudiera decirse en público. La evidencia indica que en este punto el ministro de Justicia, Daniel Figallo, decidió deshacerse del Procurador.

La evidencia es que a fines de octubre Figallo ordenó a un funcionario del Ministerio de Justicia levantar un acta para acreditar la inasistencia de Salas en la Procuraduría. El ausente estaba en Venezuela, dando una conferencia, y supuestamente había tramitado mal  su permiso. A ningún ministro se le ocurriría buscar este tipo de pruebas en contra del Procurador Anticorrupción si no deseara sacárselo de encima. Menos en circunstancias tan delicadas como las que transcurrían. Cuando regresó de Venezuela, Salas dimitió.

Haber sido ofendido con la burda constatación de su ausencia era causa suficiente. Pero su carta de dimisión fue amable y no registró las intromisiones funcionales que después Vilcatoma denunció en su escrito a Ollanta Humala.

MENSAJE BRUTAL

Cuando, un mes después, Salas declaró públicamente —apareció en la primera página de Perú 21— que a Belaunde Lossio no le correspondía la colaboración eficaz, el gobierno decidió aceptar su renuncia. Figallo declaró en el mismo día —25 de noviembre— que la colaboración eficaz sí era posible y que le tocaba decidirlo al Poder Judicial. Y simultáneamente llamó a Vilcatoma para hablar del asunto, en audio que ha sido ampliamente difundido.

¿Cuál era la tesis de Figallo, en esta y otras conversaciones con los procuradores que también se conocen? Que el Ministerio Público es quien debe calificar si procede o no una colaboración eficaz; y que, luego, un juez la aprueba. No existen expresiones específicas del ministro diciendo a sus interlocutores: hagan ustedes esto o lo otro. Pero sí un mensaje inequívoco: que a la  Procuraduría no le corresponde una opinión calificada sobre la procedencia de este tipo de beneficios. El 26 de noviembre, la aceptación de la renuncia de Salas le dio a este mensaje una connotación casi brutal.

De modo que sí es un hecho que Figallo intentó influir en los procuradores para que se hicieran los tontos cuando Martín Belaunde Lossio pidiera acogerse al régimen de colaboración eficaz. Más todavía, quiso influir para que la Procuraduría Anticorrupción fuera dócil con el Ministerio Público, y dejara de hostilizar a sus fiscales.

Esto porque el Fiscal de la Nación es un aliado de Palacio de Gobierno en los temas que le son sensibles. Como lo es de los parlamentarios que tienen potenciales problemas penales en el Congreso. Y de magistrados específicos en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se lo investiga por supuesta colaboración eficaz con el cabecilla de la corrupción en Áncash, César Álvarez. En todos los poderes del Estado hay mandamases con rabo de paja, o con flancos débiles, que prefieren entenderse con el titular del Ministerio Público. Es una de las razones que explican que Carlos Ramos Heredia siga al mando de su institución, y que funcionarios públicos honestos se vean en la disyuntiva de agachar la cabeza o adoptar medidas desesperadas como hizo Yeni Vilcatoma el último fin de semana.

OBSESIÓN MINISTERIAL

En el audio de una conversación del 1 de diciembre, escuchado para esta nota pero aún no difundido por medios audiovisuales, se escucha al ministro referirse a la inconveniencia de denunciar a fiscales por quítame estas pajas. Era precisamente lo que estaba haciendo la Procuraduría Anticorrupción en el caso La Centralita, por numerosas diligencias que no se realizaban. Se escucha a Figallo decir que era conveniente que, en adelante, él supiera las quejas que se harían contra el Ministerio Público.

En la misma conversación, en la que participan Daniel Figallo y los procuradores Yeni Vilcatoma y Joel Segura —cuando aún era interino—, el ministro fue informado de las desatenciones que el Ministerio Público hacía de los pedidos de la Procuraduría.

De la escucha se concluye que las inconductas del Ministerio Público era lo que menos preocupaba al titular del despacho de Justicia. Su obsesión era la situación del protegido de Palacio de Gobierno: Martín Belaunde Lossio.

Meses atrás, Figallo había accedido a la petición del asesor jurídico de Palacio de Gobierno, Eduardo Roy Gates, para que conociera los pormenores del caso de boca de la propia procuradora encargada de La Centralita. De todo lo cual Vilcatoma extrajo una idea: que los discursos de Figallo y la reunión que propició entre ella y el asesor presidencial eran una irregularidad. A partir de la reunión con  Gates, y por orden de Christian Salas, grabó las conversaciones con sus interlocutores en el Estado que pudieran constituir inconductas.

¿QUÉ HACER?

Las conversaciones de Figallo con los Procuradores revelan interés gubernamental en el caso Belaunde Lossio, pero no necesariamente una ilegalidad. La reunión con Gates tampoco podría ser considerada ilegal, aunque sí una falta ética. Humala, de quien  Gates es abogado personal para todo efecto,  puede, eventualmente, estar tocado por investigaciones a Belaunde Lossio. Pero que no haya ilegalidad —lo cual es discutible— no oculta que Figallo haya desempeñado un pobrísimo papel como dirigente de la función pública.

En cuanto a Vilcatoma, caben frases de respeto por su suicidio civil. Sin jefe directo, con una fiscalía aliada de los acusados, y con un ministro de Justicia en el bando contrario, apeló al Primer Mandatario, que encarna los intereses de la Nación. Una ingenuidad. El resultado es que terminó despedida, y ahora el Fiscal de la Nación y el Ministerio Público tienen las manos libres para resolver el caso Belaunde Lossio.

No hay mecanismos idóneos para que un funcionario público pueda denunciar a sus superiores en casos similares. Existe uno imperfecto, la Ley de Protección al Denunciante, que lo permite, cuando se plantea ante la Contraloría General de la República. Antes de que la despidan, Vilcatoma abrió un expediente, que se halla en evaluación. ¿Tomará el guante el Contralor Fuad Khoury?

(La Republica)