Chimbote en Línea.- Ante el rechazo de los transportistas respecto al cobro de pasajes diferenciados a favor de los escolares, alumnos de Institutos Superiores, universitarios, policias y bomberos, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Anchash (Acurea) advierte que las leyes promulgadas en un estado de derecho deben ser cumplidas y respetadas por todos los ciudadanos sin excepción alguna.

Piden a la ciudadanía y a los integrantes del sector transporte no dejarse sorprender por declaraciones que no revisten de ningún tipo de legalidad o interpretación jurídica que la Ley 26271, sobre los  pases libres y pasajes diferenciados para escolares, universitarios y otros de régimen similar.

También señala que al contar nuestra ciudad con un transporte urbano de colectivos, estas empresas están obligadas a cumplir el Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, donde se evidencia que dicha norma resulta aplicable al sistema de transporte que tenemos en nuestra ciudad (colectivos).

Según advierte Acurea, a través de un comunicado, los transportistas están obligados a exhibir el listado de precios al interior del vehículo, entregar comprobante de pago a sus pasajeros, cumplir con el derecho a pases libres a favor de la policía nacional, realizar el cobro de pasajes diferenciados a favor de los escolares, alumnos de Institutos Superiores y alumnos universitarios, contar con el libro de reclamaciones y con el aviso que informe a los consumidores sobre la posibilidad de solicitar dicho libro.

De esta manera Acurea señala que respalda el trabajo que viene realizando el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Chimbote respecto a la difusión sobre las obligaciones de las Empresas De Transporte Público- Colectivo; y, los derechos que les asiste a los usuarios.

También informan que luego de la labor de difusión que vencerá el 31 de Diciembre del presente año, empezará con el trabajo de fiscalización desde el primero de enero del 2015. Recordando que el incumplimiento de los deberes puede ser considerado como una infracción a las normas de protección al consumidor, que puede sanciona con una amonestación económica de hasta 450 Unidades Impositivas Tributaria (UIT). (Redacción central)