Chimbote en Línea.- El Diario 16 publica hoy un artículo de opinión referente a lo que ocurre en el Ministerio Público, donde su actual titular, Carlos Ramos Heredia, así como su antecesor José Peláez, se encuentran sometidos a investigación por su presunta vinculación con Álvarez Aguilar. En su columna Francisco Belaunde refiere que de no llevarse un debido proceso, esto representaría un mal precedente, principalmente porque se trata de miembros de una institución encargada de velar por la justicia. A continuación les ofrecemos este importante artículo.

(La columna de Francisco Belaunde Matossian)

No es una exageración. Si, como parecen indicar una serie de indicios y acusaciones, la cúpula del Ministerio Público está podrida, estamos en serios problemas como país.

Peor aún si, por el juego indebido de influencias y por maniobras leguleyas, el actual Fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su antecesor José Peláez, salen bien librados de las investigaciones que se realizan en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y en el Congreso, y, finalmente, logran escapar a la eventual acción de la Justicia. En ese caso, estaríamos ante una verdadera catástrofe.

Ello, no sólo por lo que pueda pasar en los procesos contra César Alvarez, Rodolfo Orellana y otros personajes con los que los fiscales mencionados han sido vinculados. De hecho, se acusa a miembros del Ministerio Público de arrastrar los pies y de seguir entorpeciendo las diferentes actuaciones en esos expedientes. También habría motivo para preocuparse por otros casos que pudieran presentarse más adelante.

Lo más grave, sin embargo, sería el mensaje de impunidad que se estaría dando. Sin duda, coleccionamos ese tipo de mensajes, pero, esta vez, por el nivel de las autoridades involucradas, sería particularmente impactante y deprimente, en particular para todos  aquellos agentes de la Ley que realizan su trabajo con honestidad. Sería como una rendición del Estado ante el crimen organizado y la delincuencia en general. Es decir, la situación de anomia que nos afecta se agravaría seriamente.

Esperemos que las investigaciones respecto de Ramos y Peláez sean realizadas de manera transparente, y lleven a un resultado que no dé lugar a dudas. Ello, a despecho de las inquietudes que despierta el CNM.

Dicho sea de paso, sería conveniente cambiar el modo de designación de los miembros de este último organismo para que sea el Congreso el que los nombre, en lugar de instituciones como los colegios profesionales, el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros. Ya se ha visto que la opinión pública puede hacer retroceder a los parlamentarios cuando pretenden escoger a gente no idónea. En cambio, no hay nada que se pueda hacer para impedir o rectificar una mala designación con el sistema actual. (Diario16)