Chimbote en Línea .- El contralor de la República, Fuad Khoury, anunció en un amplia entrevista realizada por el diario La República, que en un mes aproximadamente tendrán el informe final con los resultados de la investigación hecha a las cuentas del Gobierno Regional de Áncash y de demostrar la responsabilidad de César Álvarez en esta red de corrupción. A continuación reproducimos la entrevista.

Los escándalos que involucran a varios gobiernos regionales han motivado que la actuación de la Contraloría General de la República suscite varias interrogantes. La percepción general que existe es que han fallado, sistemáticamente, los mecanismos de prevención y control.

En la siguiente entrevista, responde estos cuestionamientos. Y no se queda callado. Cuestiona la inacción del gobierno central, mientras su personal era amenazado por intentar realizar su trabajo. Además, anuncia que en un mes, aproximadamente, su institución tendrá listo el informe sobre la gestión del apresado César Álvarez. Según sus propias palabras, están "bastante cerca" de probar actos de corrupción, concretamente relacionados con la ejecución de obras públicas.

Con todo lo visto en Áncash y otras regiones, la impresión es que fracasaron las políticas de control. ¿La Contraloría no debió intervenir antes?
Siempre hemos estado haciendo auditoría en Áncash y en todas las regiones. Apenas inicié mi gestión, en el 2009, se realizó el primer operativo masivo de control, Cóndor 1, con notable éxito. Y detectamos una serie de irregularidades. Por eso no sé si su pregunta es pertinente. La Contraloría, según la Constitución, debe evaluar el uso de los recursos de todos los peruanos y ese mandato tenemos que ejecutarlo. Ahora bien, cuando llegué acá había una carencia de presencia en las regiones.

¿En todas?

No, en la mayoría. Teníamos 14 oficinas solamente, y ahora hay 23. En vista de que crecieron nuestros recursos económicos decidimos realizar operativos sorpresivos y fuimos a regiones y municipalidades. En el 2009 ya sabíamos que había corrupción en el país, y en Áncash también, en el gobierno regional de César Álvarez. Como le digo, hemos estado en las regiones…

Aleatoriamente.

El control no significa que yo tenga que estar cuidando a todos los funcionarios públicos, en todo momento. La auditoría es selectiva, aleatoria, y se basa en una planificación de riesgos. Las denuncias de Áncash llegaron a la Fiscalía…

¿Y qué ocurrió?

Lo que salió de ese operativo del 2009 no tuvo eco en las instancias siguientes. Entonces nos dimos cuenta de que algo no funcionaba en provincias porque con la mayoría de casos que presentábamos en las fiscalías provinciales no ocurría absolutamente nada. Por eso me reuní en el 2010 con el presidente del Poder Judicial de ese entonces, César San Martín, y con el ex fiscal de la Nación José Peláez para tomar medidas. Es a solicitud nuestra que se crea una Fiscalía Supraprovincial y los resultados se ven hoy: se han detectado organizaciones criminales donde a la cabeza aparecen señores como Rafael Santos, Gerardo Viñas y obviamente César Álvarez.

Y acaban de ordenar la detención de Klever Meléndez, el presidente de la región Pasco, por una supuesta coima.

El primer filtro de control en un gobierno regional deben ser los consejeros, sin embargo eso no funciona. Usted lo sabe, yo lo sé, pero esas personas no ejercen su trabajo, sean regidores o consejeros.

Me dijo que no ocurrió nada con los controles del 2009 en Áncash. ¿No se podía insistir con las denuncias?

Fíjese, cuando asumí había una frase muy utilizada por acá: “una vez judicializado un caso, la Contraloría ya no entra”. Eso me daba vueltas y vueltas. Hay mitos en las instituciones, ¿no? Nos sentamos a trabajar con el Ministerio Público y el Poder Judicial para que la Contraloría siga estrechamente a los fiscales, algo que según el criterio anterior no tenía lugar.

¿Se siguió investigando a Álvarez después del operativo del 2009?

Hemos realizado acciones permanentes de control desde Tacna a Tumbes, pero ya que insiste con Áncash le diré que hemos atendido denuncias, practicado auditorías financieras. La situación fue empeorando y, cuando empezaron los asesinatos, Áncash pasó a convertirse en una zona tomada. Mis auditores recibían amenazas, les negaban información. Hubo muchas complicaciones a vista y paciencia de los gobiernos de turno.

¿Se desentendieron?

Una de las causas de la creciente corrupción está relacionada con la no asimilación de responsabilidad de los órganos  encargados de supervisar la descentralización. El gobierno central recién está reaccionando. El anuncio del ministro de Economía, Luis Castilla, es importante…

¿La creación de un ente interventor para los gobiernos regionales?

Exacto. El MEF es el tesorero y si ve que alguien gasta mal no tiene por qué esperar a que la Contraloría haga un examen.

¿No se le quitarían funciones a la Contraloría?
En absoluto. El señor ministro de  Economía tiene que saber si se está botando la plata de los peruanos, y si es así tiene que poner un alto.

Parece un paso adelante. El MEF colocaba al gobierno de Áncash en el primer lugar del gasto público eficiente.

A ver, es que había un vicio ahí, un manejo ignorante de los números.

¿De parte del MEF?

De todos los que decían que mientras más gastaras, mejor estabas. ¿Y dónde está la calidad del gasto? ¿Dónde están la eficiencia, la economía? Todos los conceptos que nos han enseñado desde chicos, eso de “gasta bien la propina”, ¿en dónde están?

¿El MEF no se preocupó por la calidad del gasto en las regiones?
Hasta ahora, no. ¿Se está preocupando ahora? Sí. Pero le puedo decir, claramente, que el MEF no utilizó su capacidad para ser el órgano rector de la tesorería del Estado.

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Alonso Navarro, deplora que se incluya a todos los gobiernos regionales en actos de corrupción. ¿Fríamente, cuántos gobiernos regionales están involucrados en malos manejos?

Hay 25 gobiernos regionales, 1816 municipalidades distritales y casi 200 provinciales. Es verdad que las regiones manejan un presupuesto importante, pero donde existe corrupción, masivamente, es en las municipalidades distritales.

¿Pero cuántos gobiernos regionales tienen problemas de este tipo?
Entre un 30 y 40% tienen problemas. Me guío a partir de acciones de control terminadas, no por percepciones. Le hablo de Áncash, Tumbes, Cajamarca, Cusco y Puno, este último por la gestión del ex presidente Hernán Fuentes al que denunciamos penalmente, aunque dicen que el actual tiene peores pergaminos. Justo mi vice-contralor anda en Puno por algunas situaciones delicadas. Se están haciendo auditorías en Ayacucho. En Lima también hay denuncias fuertes…

¿En Loreto?
Vamos a ver cómo termina la auditoría. La población está enervada allá.

¿Y el informe de Áncash cuándo estaría listo?

En 30 días máximo. Y le anuncio que habrá sorpresas.

¿De qué tipo?
Bueno, el señor Álvarez está detenido por cualquier cosa menos por corrupción.
¿Se va a probar la corrupción de Álvarez?

Estamos acercándonos. Hay diez obras que están siendo revisadas en las que hemos encontrado supuestas irregularidades, serias.

¿Diría que todas las denuncias que involucran a los gobiernos regionales alcanzan a los presidentes?

Siempre las denuncias apuntan a la cabeza, pero se necesita tener la prueba que ligue el acto de corrupción con esa cabeza. Hay un concepto que se menciona mucho: “la corrupción no deja factura”. En los países desarrollados, se ha concentrado en el más alto nivel. Esa alta corrupción ya no se detecta con las técnicas tradicionales de auditoría, sino aplicando el criterio “follow the money”, es decir, “sigue el dinero”, buscando signos exteriores de riqueza no compatibles con los ingresos.Por eso hay que fortalecer la inteligencia financiera.

Y no debería estar dentro de la SBS como una oficina anexa. En las condiciones en las que el Perú se encuentra debería instalarse en alguna dependencia especializada, como la Fiscalía o la misma Contraloría.

De todas las entidades estatales, ¿cuántas cuentan con Oficinas de Control Institucional (OCI) que dependen de la Contraloría?
El 8%.
¿Por qué tan pocas?
Porque quien diseñó el modelo del Sistema Nacional de Control, en el 2002, no sabía lo que estaba haciendo. Para ejercer control gubernamental se necesita autonomía e independencia, y el concepto que se creó es el de las OCI que dependen de las mismas instituciones. En el centro del país, por ejemplo, hay 17 oficinas OCI que controlamos nosotros de un total de 647.

¿No controla nada en el fondo?
Se tiene que hacer una planificación estratégica. Ahora existe la ley 29555 que ordena al Estado peruano transferir a la Contraloría las 3,500 personas que trabajan en las OCI.  Lamentablemente, a un genio se le ocurrió añadir “progresivamente”. Esa sola palabra le ha costado al Estado, no sé, 30 mil millones de soles. De estas 647 oficinas del centro serán importantes unas cien. No necesito controlar a todas.

Es decir, hay mucho dinero que nadie controla.

Con mi gente cubro el 21 por ciento del presupuesto que se maneja en el centro. El resto nadie lo controla. Hay 4,000 millones de soles en el centro del país sin vigilancia. A nivel nacional son casi 20 mil millones.
Terrible.

Pero tan igual o peor es que a nivel nacional hay 362 funcionarios, jefes de OCI, que dependen de la propia entidad a la que deberían controlar. ¿Y qué ocurre? Que despiden a quienes intentan hacer su trabajo. Ahora, si el Estado  decidiera darme el dinero para controlar a todo el mundo, sería irrealizable.

¿Por qué? Porque en las universidades no existe nada parecido a la carrera de control gubernamental, algo que recién se aprende en esta oficina.

¿Cuántos funcionarios especializados en control hay actualmente?
Cuando llegué había 219 funcionarios fuera de Lima, ahora hay 823. Por más que el señor Genaro Matute (ex contralor) se moleste, porque lo veo de vez en cuando por ahí, imagínese cómo era la cosa.

Igual, queda claro que su capacidad de control es muy limitada.

Sin embargo el problema de la corrupción no nace de la falta de control. Hay un problema de valores fuertes, y esto lo digo aunque parezca trillado y fuera de contexto. En la sociedad peruana hemos perdido valores. Yo he escuchado a alcaldes conversando entre ellos para ver cómo se organizan para una operación criminal. Por otro lado, y aunque le moleste a mi amigo el ministro de Justicia, Daniel Figallo,

¿está bien que la Procuraduría Anticorrupción dependa del Ejecutivo?

Hace un buen trabajo, ¿no?

Yo creo que habría que potenciar esa oficina. Deme un caso, uno, resuelto. Hacen bulla. El ex procurador Julio Arbizu creó una corriente agresiva, que trata de seguirla Christian Salas, pero ¿qué herramientas tienen para investigar? ¿Cuántas personas hay en esa Procuraduría Anticorrupción?

Ustedes han presentado 3000 denuncias penales contra funcionarios y solamente hay 390 sentencias.

¿Por qué tan pocas?

Yo no sentencio. La mochila del Poder Judicial es gigantesca e incluye casos de delincuencia común, narcotráfico y no solamente corrupción de funcionarios públicos.

Entonces, ¿esta gente denunciada se salva por la carga procesal?

De las 390 sentencias, 23 solamente han derivado en cárcel. Creo que hay ineficiencia del Estado peruano en ejercer la justicia.

¿Usted cree que la no reelección es antídoto contra la corrupción en los gobiernos regionales?

Si estuviéramos en Finlandia de repente mi respuesta sería otra pero, hoy, creo que la medida se hace muy necesaria pues tendríamos autoridades regionales a las que solamente les quedaría como objetivo pasar a la gloria, convertirse en los héroes de sus ciudades. O robar todo lo que puedan en su único periodo.
Pero, bueno, es que volvemos al inicio: hay que fortalecer el control. Vamos, esto no puede seguir así. (Fuente: La República)