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Áncash: 16 personas integran red criminal liderada por César Álvarez Aguilar y dos congresistas

Chimbote en Línea (Anticorrupción) El diario Peru 21 publicó hoy una extensa nota a partir de la investigación oficial que viene realizando la Procuraduría General de la República en Áncash. En ella se afirma que existe en nuestra región  una organización delictiva que habría usado sicarios, integrada por 16 personas, en cuya cúpula estarían los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo. 

Según un informe de la Procuraduría Anticorrupción, el presidente regional de Áncash, César Álvarez, encabezaría esta organización criminal.

La cúpula estaría conformada por el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; los congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo; el abogado Rodolfo Orellana Rengifo; el empresario Martín Belaunde Lossio, y Jorge Burgos Guanilo, encargado de la imagen del titular ancashino.

La autoridad regional –señala el documento– habría autorizado “el empleo de sicarios para amedrentar y/o eliminar a sus adversarios políticos, denunciantes o testigos de los hechos criminales y habría utilizado a testaferros para ingresar dinero mal habido a la economía (…) simulando no tener ningún bien registrado a su nombre”.

De igual forma, añade el escrito, “habría dispuesto la compra de periodistas y el soborno de autoridades policiales, fiscales y judiciales para garantizar su poder e impunidad”.

En el documento, la Procuraduría solicita a la Fiscalía Provincial Anticorrupción del Santa que se pronuncie sobre su pedido de ampliación de la investigación preparatoria del 23 de abril pasado.

Para los abogados del Estado, Álvarez debería ser procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, interceptación telefónica, peculado doloso, cohecho pasivo propio y encubrimiento personal.

LOS DETALLES

El informe señala que esta presunta egún un informe de la Procuraduría Anticorrupción “valiéndose de la organización del gobierno regional para apropiarse y disponer ilegalmente de fondos públicos y obtener dinero ilícito de las coimas, diezmos y demás actos de corrupción vinculados a millonarias obras públicas”.

Agrega que el objetivo de esta organización, que operaría desde el año 2009, habría sido cometer actos de corrupción a través del cobro de dinero a empresarios que postulaban a licitaciones de millonarias obras públicas.

“Parte de ese dinero habría sido destinado para comprar líneas editoriales de medios de comunicación locales a los que se suministraba de información, incluso obtenida por medio de intercepciones telefónicas, con el objetivo de desprestigiar a los opositores de la gestión del presidente regional y para sobornar a autoridades vinculadas al sistema de administración de justicia como policías, fiscales y jueces, quienes habrían tenido como rol impedir, obstaculizar y archivar las investigaciones o procesos judiciales contra los miembros de la ‘mafia’”, se indica.

La hipótesis incriminatoria señala que, para cometer los presuntos actos ilícitos, la organización criminal procuraba contar con un soporte político, mediático, judicial y coactivo, representado por congresistas, alcaldes, dueños de medios de comunicación, periodistas, policías, auxiliares jurisdiccionales, fiscales y jueces, seudodirigentes sindicales y sicarios, a efectos de garantizar impunidad por las vías del soborno, amedrentamiento o el asesinato de opositores.

Además, menciona que esta organización habría contado con testaferros (familiares, empleados o personal de confianza).

VÍNCULOS CON SICARIOS

El documento detalla que la red ilícita también tendría vínculos con sicarios que servirían para amedrentar y asesinar a sus opositores políticos o a quien se atreviera a denunciar o testificar los actos delincuenciales de la organización y que, finalmente, se habría valido de cómplices para ingresar el dinero mal habido a la economía a través de depósitos de dinero en cuentas bancarias y adquisición de bienes muebles e inmuebles.

‘LA CENTRALITA’

El escrito también hace mención a ‘La Centralita’, que habría sido un lugar que servía a la organización criminal como un sitio de ‘chupuneo’ teléfonico y de operaciones para coordinar, diseñar y ejecutar las acciones ilícitas destinadas a la permanencia, protección y/o reforzamiento del poder de Álvarez.

Específicamente, este local habría servido para sostener reuniones y coordinar la línea editorial de determinados periodistas de medios televisivos y radiales locales, con la finalidad de exaltar la imagen del presidente regional y desprestigiar a las personas que cuestionen su labor.

La Procuraduría consideró el testimonio de Juan Carlos Barrios Ávalos (presunto excolaborador en ‘La Centralita’). “(…) Creo que al último que seguimos fue a unos empresarios que llegaron a Chimbote, que iban a declarar en contra del doctor Heriberto Benítez en tiempo de campaña. Me acuerdo que llegó la orden de Heriberto. ‘Saben qué, sigan a esa gente’, los seguimos en un carro chico. Llegamos a canal 41 y nos dimos (cuenta) de que había dos camionetas y nuestro tema era seguirlos y verlos… dónde se hospedaban y cuándo se iban a retirar, ya el presidente regional (dijo): ‘Sabes qué, intervén a esa gente, hay que atentar contra ellos’”.

Y agregó: “Benítez y Álvarez tienen gente, tienen delincuentes de alto vuelo… porque ya no es la primera vez, ya tenemos un atentado contra el hijo del señor Nolasco, que también todo fue planeado, porque inclusive a mí me presentaron al cabecilla de eso…”. (Tomado de Peru21)

Infografía: La República