Chimbote en Línea.- Ocho magistrados del Poder Judicial que inicialmente fueron considerados como testigos por la comisión del Congreso, que indaga las presuntas irregularidades del Gobierno Regional de Áncash, pasaron a ser investigados por este grupo parlamentario.

Se trata de los jueces son Iliana Otero Salidas, quien estuvo al frente del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote en el 2010; Víctor Manuel Mendoza Napa, ex titular del Juzgado Especializado de Pisco en el 2011; Daniel Quesquén Robles, del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo en el 2011; Antonio Escobedo Medina, del Cuarto Juzgado Civil de Trujillo en el 2011.

Asimismo los magistrados Óscar Tenorio Torres, del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo en el 2012; Wenceslao Portugal Serruchen, del Segundo Juzgado Mixto de Campo Verde (Ucayali); Piedad Magdalena Talledo Guarderas, del Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; y Hugo Velásquez Zavaleta, del Quinto Juzgado Constitucional.

Según el presidente del grupo investigador, Mesías Guevara estos magistrados dieron medidas cautelares que permitieron que las cooperativas Coopex (del prófugo Rodolfo Orellana) y otras dos pudieran avalar a través de cartas fianzas a empresas para obtener la licitaciones de obras públicas en Áncash y otras zonas del país, pese a que no podían emitirlas por no estar registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El integrante de la Comisión Áncash, congresista fujimorista Jesús Hurtado, dijo que sin las órdenes judiciales Coopex no hubiese podido emitir las cartas fianzas.

“¿Cómo es posible que una cooperativa que solo tiene 3 mil soles de capital pueda avalar obras por 80 millones de soles? Todas estas obras que se han hecho en Áncash están no solo abandonadas sino inconclusas”, refirió.

“El Poder Judicial intervino de manera irregular para legitimar la utilización de esas cartas fianzas”, añadió para explicar que cuando Coopex era rechazado recurría a estos jueces para que le den una medida cautelar de respaldo. (Fuente Diario de Chimbote)