Fiscales y policías Anticorrupción intervienen municipio de Chimbote por el caso bulevar Isla Blanca

Chimbote en Línea. – Un grupo de fiscales y miembros de la Policía Anticorrupción intervinieron hoy la sede principal de la Municipalidad Provincial del Santa, en el marco de las investigaciones contra el alcalde Roberto Briceño Franco en el caso Bulevar Isla Blanca.

Las investigaciones contra el burgomaestre y un grupo de sus funcionarios son por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación, en mérito a presuntas irregularidades en la ejecución del mejoramiento del bulevar Isla Blanca de Chimbote.

Los fiscales y policías anticorrupción ingresaron a cinco oficinas como tesorería, obras, logística, entre otras. Al término de la diligencia se llevaron material documentario que ayude a las investigaciones.  

La Fiscalía Anticorrupción del Santa formalizó la investigación preparatoria contra el burgomaestre, así como también contra el exgerente de obras Jesús Rodríguez Fuentes; el exgerente y exsubgerente de Obras Públicas, Juan Carlos Peña Velásquez; exgerente de Obras Públicas, José Manuel de la Cruz Quiroz; exsubgerente de proyectos y estudios técnicos, Omar Ernesto Escate Ravello; exgerente de Infraestructura, René Oriol Henostroza Lázaro; y el exsubgerente de Obras Públicas, Carlos Enrique Palacios Rivas.

El fiscal Laureano Añanca Chumbe dispuso también que Rodríguez Fuentes y De la Cruz Quiroz son investigados por el delito de negociación incompatible de acuerdo con la disposición discal Nº 3, del 25 de agosto de este año.

Para el fiscal Añanca, Briceño Franco habría dispuesto de manera dolosa con sus coacusados que el proyecto se ejecute bajo la modalidad de administración directa con la finalidad de disponer de los caudales del Estado para apropiarse de estos en beneficio propio o de terceros.

En la tesis fiscal se hace saber que el alcalde y sus funcionarios aprobaron la contratación de personal profesional técnico calificado y no calificado, materiales, herramientas y equipos contra de bienes y servicios a todo costo entre otros, los cuales fueron cancelados, pese que no guardan relación con los avances.

La investigación ha sido declarada compleja y se ha otorgado un plazo de ocho meses para que se realicen diversas diligencias que permitan recabar los elementos de convicción que se podrían usar en la acusación de los investigados. (Redacción Central)

 

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