Chimbote en Línea.- El Diario La Republica presenta hoy un informe, producto de una investigación realizada por el reconocido periodista Ricardo Uceda, en el que se revela como el Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y su antecesor, Antonio Peláez Bardales,actuaron de manera bastante cuestionable cuando se trató de investigar al ex presidente de la región Áncash, César Álvarez Aguilar.

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, justificó, la semana pasada, su negativa a investigar por enriquecimiento doloso al ex presidente regional de Ancash, César Álvarez. Arguyó que Álvarez ya está siendo investigado por otros delitos: lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, peculado y cohecho. Su mensaje parece ser: ¿para qué duplicar esfuerzos, recargando un proceso ya abultado? Sin embargo, la indagación por lavado de activos está entrampada en el Ministerio Público, como acaba de denunciar por enésima vez la Procuradora de esta especialidad, Julia Príncipe. Lo que dijo Ramos no es cierto.

El delito del lavado de activos ocurre cuando se introduce al sistema legal un dinero obtenido ilícitamente. La investigación a Álvarez por este tipo penal fue en tres ocasiones archivada en el Ministerio Público. Involucraba al ex presidente regional y a otras 56 personas. En la primera vez, un fiscal archivó porque carecía de peritos. Un segundo fiscal lo hizo porque no creía que hubiera testaferros. Finalmente, un recurso de queja presentado por la Procuradora está pendiente de decisión desde junio del 2013. Habiendo rebasado todos los plazos imaginables, Príncipe recurrió sin éxito al actual Fiscal de la Nación y a su antecesor.

En declaraciones públicas, Carlos Ramos ha pretendido atribuir la demora a un error de la Procuraduría, ante el cual Príncipe “vino acá a pedirme ayuda”. Pero la aludida lo niega enfáticamente. Tanto que hubiera error como que recurriera al Fiscal de la Nación en actitud culposa.

–Fui a explicarle el problema y su gravedad –dijo–. No me dio soluciones.

LLEGA EL EXPEDIENTE

La parálisis de la investigación por enriquecimiento ilícito empeora la situación. Es un delito cometido por funcionarios públicos que se apropian de recursos del Estado. En el caso de Ancash la corrupción debe haber mordido el diez por ciento de los cuatro mil millones de soles que recibió el Gobierno Regional por canon y remanente minero entre 2007 y 2013. En esta figura penal, corresponde al Fiscal de la Nación formular cargos ante el Poder Judicial. José Antonio Peláez Bardales tenía el puesto en octubre del 2012, cuando el expediente Álvarez llegó a su despacho.

Lo envió Yeni Vilcatoma, la coordinadora de los fiscales anticorrupción del Santa. Había recibido la manifestación de Juan Calderón, un ex aliado del presidente regional que se pasó a la oposición cargado de denuncias. En síntesis, Calderón aseguraba que con diezmos de las obras públicas realizadas por su gobierno, Álvarez financiaba medios de comunicación y actividades dirigidas a combatir a sus detractores. El dinero público lo recibía su jefe de Imagen, Jorge Luis Burgos, quien a su vez lo transfería a familiares. En un lugar denominado La Centralita –que había sido allanada en julio del 2011– el grupo había establecido un cuartel general. Allí se transcribían audios que podrían provenir de interceptaciones telefónicas ilegales. La lista de enemigos la encabezaba el obispo Ángel Piorno.

LAS DOS PREGUNTAS

Calderón entregó una relación de cuentas bancarias de familiares de Burgos, hacia donde se habrían desviado los fondos. Mostró videos en los que se veía en acción a los periodistas pagados por el presidente regional. Otras filmaciones mostraban documentos estatales dentro de La Centralita. La hipótesis del declarante era que el propietario de todos los equipos era el propio Álvarez y no Martín Belaunde, el amigo de los Humala que arrendaba el local del centro de operaciones y era dueño de Ilios Producciones, la empresa de fachada. Otra hipótesis: que la gran cantidad de recursos empleada en la campaña electoral del 2011, que incluyeron regalos de electrodomésticos a las poblaciones, provenía del erario estatal. Calderón señalaba que la fiscalía debía investigar los movimientos financieros de Burgos,  Belaunde, y del administrador del Canal 25, Luis Cortez.

En su resolución enviada al Fiscal de la Nación para que decidiera investigar a Álvarez por enriquecimiento ilícito, la fiscal Vilcatoma dijo que habría varias personas asociadas en el delito. Sin precisar responsabilidades, mencionó varios nombres, entre ellos los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo y el hoy prófugo Rodolfo Orellana. La pregunta que animaba las sospechas era: ¿de quién era el dinero que financiaba toda la publicidad denigratoria y el activismo político? Había otra: ¿de dónde había salido ese dinero? Sin embargo, José Antonio Peláez decidió que no había mérito para abrir investigación, y devolvió el expediente.

EL DOBLE ESTÁNDAR

Por entonces el Fiscal de la Nación había abierto investigación por enriquecimiento ilícito a dos políticos de la región. Uno, el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, quien fue a juicio y obtuvo dos sentencias absolutorias. También la alcaldesa electa del Santa, cuyo juicio oral comienza este mes. Durante las indagaciones se abre el secreto bancario no solo del inculpado sino de sus familiares y allegados. Precisamente en estos casos la fiscalía aduce que la parentela de ambos políticos recibió dinero que no pudieron justificar con sus ingresos declarados. El rasero con Álvarez fue distinto.

En su resolución Peláez sostuvo que las cuentas de los familiares de su jefe de campaña no tenían que ver con un presunto incremento del patrimonio de Álvarez. Además, dijo que los reportes de Infocorp y la SUNARP, así como sus declaraciones juradas y su propia manifestación, descubrían la carencia de indicios de un incremento patrimonial significativo. Quizá esta decisión sea la más difícil de justificar por parte del ex Fiscal de la Nación en las investigaciones que se le siguen ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En 2011, Peláez tampoco autorizó la investigación por indebido enriquecimiento a Dirsse Valverde Varas, quien fuera subgerente de Estudios y Obras del Gobierno Regional de Ancash en 2007 y 2008. Exhibía bienes que aparentemente no correspondían a sus remuneraciones. Sindicado como uno de los testaferros de Álvarez, Valverde está prófugo.

Si la postura de Peláez luce cuestionable, a la luz de los últimos descubrimientos, más desconcertante parece la de su sucesor, que insiste en mantener archivado el expediente. “Hasta que hayan nuevos elementos”, ha dicho Ramos. ¿Qué nuevos elementos pueden haber, si no se investiga, si el único que puede hacerlo –tratándose de enriquecimiento ilícito– es el Fiscal de la Nación?

PEDIDO Y NEGATIVA

Desde el 3 de julio la Procuraduría Anticorrupción desea saber qué diligencias realizó el Ministerio Público para desestimar la investigación contra Álvarez. El procurador Christian Salas ha solicitado al Fiscal de la Nación el detalle de las notificaciones, diligencias y demás actuados durante los ocho meses que demoró la decisión. La primera respuesta de Carlos Ramos fue exigir la motivación del requerimiento. Cuando Salas reiteró que era para mejor cumplir la labor de la Procuraduría, Ramos denegó la exigencia. A su vez, Salas presentó una queja y volvió a hacer el pedido. Hay una tercera negativa.

La explicación de tanta renuencia podría ser muy simple: no hubo diligencias, o las hubo a un extremo mínimo, que no se podría revelar sin admitir encubrimiento. Por partida doble, porque la renuencia a investigar a César Álvarez por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito es poner obstáculos a la indagación más importante: dónde está lo robado.

(Fuente: La Republica)