Chimbote en Línea.- El Diario16 revela hoy, con la documentación respectiva, la forma como representantes del Poder Judicial mantuvieron una estrecha relación con el ex presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, poniéndo en duda  la imparcialidad y la autonomía de los jueces de esta entidad al momento de investigar al hoy preso titular de esta región.

Según advierten el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, firmó cuatro convenios con el Gobierno Regional de Áncash para que esta institución le desembolse dinero para la construcción e implementación del local para la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en la Corte de Justicia del Santa; asimismo para la implementación de los ambientes de la dependencial judicial con equipos diversos y la compra de vehículos.

Pero una situación escandalosa es que uno de los cuatro convenios firmados entre ambas autoridades, en el año 2009, permitió, el desvío de fondos de dinero para el viaje de 12 jueces a Estados Unidos.

A continuación les presentamos el informe publicado por Diario16.

La Comisión Áncash ha encontrado cinco indicios de irregularidades en cuatro convenios interinstitucionales firmados, el 7 de octubre de 2009, con puño y letra, por los entonces presidentes del Gobierno Regional de Áncash, César Álvarez, y del Poder Judicial, Javier Villa Stein.

¿Para qué sirvieron esos convenios? Dieron“luz verde” para que el Gobierno Regional desembolse un monto indeterminado de dinero (no se fijó la cantidad, pero fue más de S/.15 millones) para la construcción y el equipamiento de la Corte Superior de Justicia del Santa así como para la compra de cuatro camionetas para el traslado de los jueces.

¿Cuáles son lo scinco indicios de irregularidades hallados? El primero, según las investigaciones de la “comisión Áncash”, se refiere a la vulnerabilidad de la independencia del Poder Judicial.

Lo que pasa es que esta institución del Estado al pedir ayuda económica al Gobierno Regional de Áncash puso en jaque la imparcialidad y la autonomía de los jueces con respecto a esa entidad.

¿Los jueces de Áncash cómo iban a investigar a Álvarez y a su gestión, si él mismo desembolsaba dinero a favor del Poder Judicial para obras y viajes de jueces al exterior?

Esta es una pregunta que tendrá que responder Villa Stein y Álvarez, en algún momento, en el Congreso.

Los miembros de la “comisiónÁncash” iban a realizarle este cuestionamiento ayer a Villa Stein –y muchos otros más-, pero el magistrado no asistió.

No dio un motivo específico de su ausencia.

Pero será citado nuevamente.

El segundo indicio, según las pesquisas, es que los cuatro convenios firmados no poseían, cada uno, el proyecto de inversión respectivo.

Tampoco estaban registrados, por tanto, en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

¿Cómo se descubre eso? A través de la ficha de registro del SNIP (ver documento) de los cuatro proyectos que, según indica el mismo expediente, fue creado recién un año, 5 meses y 14 días después de la firma de los cuatro convenios anteriormente mencionados, es decir, el 21 de marzo de 2011.

El tercer indicio de irregularidad, es que el SNIP no fue elaborado por la Oficina del Proyecto de Inversión (OPI) del Gobierno Regional de Áncashcomo correspondía.

Entonces, ¿quién hizo el SNIP? Lo hizo la OPI del Poder Judicial. Por eso, hubo interferencia de poderes, según las investigaciones.

Lo que pasa es que si la obra iba a ser ejecutada por el Gobierno Regional entonces el proyecto de inversión debió ser hecho por la OPI de esta entidad y no por otra.

En esa fecha se dispuso que el monto total de inversión de los cuatro convenios iba a ser 15 millones 334 mil 248 soles. 

Del convenio Nº 1 se desprende el cuarto indicio de irregularidad. La cláusula sexta de este documento dio“luz verde”para la construcción y la implementación del local de la Corte Superior de Justicia del Santa.

También autorizó la adquisición de equipos informáticos, equipos audiovisuales y muebles para ese recinto judicial.

Sin embargo, se ha descubierto que 120 mil soles destinados a esa obra, bajo el componente denominado “Capacitación”, que figura en el SNIP -al que diario16 tuvo acceso-  sirvió para solventar nada menos que el famoso viaje de 12 jueces a Estados Unidos.

La travesía fue entre el 19 y 21 de octubre de 2012. Los magistrados asistieron a un curso de capacitación en San Diego, Estados Unidos.

Lo irregular aquí es que ese dinero -con el que se pagó el viaje de los jueces- tenía que ser destinado para la capacitación de obreros en construcción y no para el viaje de los magistrados.

Este grupo de trabajo parlamentarioha corroborado, además, que esos magistrados, después de ese viaje, tuvieron sospechosas resoluciones a favor de personas vinculadas a la mafia de César Álvarez, actualmente preso.

Por ejemplo, el 30 de enero de este año, tres jueces superiores de la Corte Superior de Justicia del Santa, que viajaron a EE.UU., absolvieron a tres implicados en el atentado contra Ezequiel Nolasco (principal opositor a la gestión de Álvarez).

Ellos fueron los jueces Linda María Vanini Chang, Pedro Rodríguez Huayaney y Roma Cruz Avilés.

Un día después de esa fecha, el 31 de enero, la Sala Penal de Apelaciones -que preside el juez superior WálterLomparte Sánchez e integra el vocal Frey Tolentino Cruz- falló a favor de Jack Castillo, quien también es sospechoso del crimen. Ese sujeto fue liberado.

Los 12 pasajes de los jueces fueron comprados en la agencia Scala Tours, en Lima: una empresa que además no es proveedora del Estado.

Y en esta historia que está manchada con dos crímenes sangrientos estaría involucrado el también el llamado “hombre probo de Alan García”, Miguel Facundo Chinguel.

El primer crimen ocurrió la noche del 16 de febrero de 2013. En aquella fecha, el exabogado de Alan García se presentó en un local de Breña en el que había sido asesinado, de un balazo en la cabeza, el albañil Rubén Salas Espinoza.

El aprista dijo ser el abogado de la víctima y quiso ingresar a ese recinto que había sido cercado por la Policía.Existe un video de canal 4 que así lo demuestra. (Este medio ha descubierto que Chinguel mintió, pero lo explicaremos en otro momento).

En el interior de ese inmueble estaban Santiago Sandro Flores Santana, quien era el  dueño de Scala Tours (la agencia en la que el Gobierno Regional de Áncash compró los pasajes para los 12 magistrados), y el asesino del hombre baleado.

Fue un hecho confuso.

Lo extraño de este caso es que, un año después, el 12 de febrero de este año, Flores Santana fue asesinado, de cinco balazos, por un sicario.

Y se llevó todo lo que sabía de esta historia a la tumba.

Facundo Chinguel  está preso y la Fiscalía pide, para él, 17 años de cárcel.

Se le acusa de ser el jefe de una organización que trabajó para el Ministerio de Justicia aprista y que a través del cobro de dinero otorgó gracias presidenciales a más de 200 narcotraficantes (ver diario16 del pasado 28 de noviembre.

La quinta irregularidad

Del convenio Nº 3 se desprende el último indicio de irregularidad en este caso. En la cláusula sexta, inciso 3, se autoriza la compra de dos camionetas rural –tipo combi para el traslado al penal de magistrados y personal jurisdiccional.

Y, además, la adquisición de dos camionetas pick up, cuatro por cuatro, para los Juzgados de Paz Letrados.

¿El Poder Judicial no tenía plata para comprar cuatro camionetas?

(Fuente: Diario 16)

Fotos: Diario16