Reflexiones, de Bagua a Espinar

Por: María Rosa Lorbés

(Fuente Editorial- Signos).-El 5 de junio de 2009  estalló un gravísimo conflicto social en Bagua, Amazonas, en el que murieron, según  cifras oficiales,  35 peruanos: 24 policías y 11 nativos.  El llamado “baguazo” marcó dramáticamente la conciencia nacional. La agenda del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, el debate sobre los diferentes modelos de desarrollo y el cuidado del medio ambiente estuvieron  en las semanas siguientes a la orden del día en la opinión pública.

A ello se sumó  el reclamo de contar cuanto antes con la Ley de Consulta, en cumplimiento al Convenio 169 de la OIT. Desde el punto de vista político, el “baguazo” puso en evidencia la incapacidad del gobierno aprista para manejar con inteligencia y mesura los conflictos sociales.Tres años después, lo ocurrido en Espinar nos remite a diversas consideraciones, muchas de ellas similares a las de Bagua, otras con características específicas. No diremos que no hemos  aprendido nada. Porque hoy, al menos, si tenemos Ley de Consulta con su reglamento,  polémico, criticado por muchos, pero aprobado. Pero seguimos todavía con muchas lecciones   por aprender como país, como gobierno y como sociedad.  

El conflicto segó la vida de Walter Sencia Anca y Rudecindo Manuel Lopuma

Lo primero y más saltante es la lentitud del gobierno para escuchar-entender y responder las demandas sociales. Los reclamos que esta vez han estado a la base del conflicto de Espinar datan de hace más de dos años (ver páginas 6 y 7 en esta edición). Ese silencio e inacción del ejecutivo, genera, como es natural, la impaciencia y el desborde de la población y sus dirigentes,  que considera, entonces, como su última opción,  la elevación del nivel de violencia para conseguir atención,  de manera que cuando el gobierno, al fin llega, es con balas y escudos,  con  lo que la pérdida de vidas humanas, como la de Walter Sencia Anca y Rudecindo Manuel Lopuma, ocurrirá,  una vez más,  y el diálogo tendrá que esperar.
Esa lentitud, y luego endurecimiento,  de la respuesta estatal se da en el contexto de una ausencia previa del Estado central que es quizás el problema raíz de otros muchos en los diferentes conflictos. Los roles se confunden.  Al no haber Estado la población exige indebidamente de la empresa muchas cosas y servicios  que son obligación y razón de ser del gobierno (local o central)  y, a su vez, la empresa privada actúa como juez y parte en el conflicto hasta el extremo inaceptable de que los centros de detención estén dentro de sus instalaciones, en una total confusión entre lo público y la privado, entre el poder económico y la fuerza legítima del Estado.
 

 

Clichés que impiden el diálogo

Tampoco contribuyen a la distensión y al diálogo las “prisiones” mentales, llamémosles  prejuicios,  o clichés, que caricaturizan y  satanizan las opiniones de quienes piensan distinto que nosotros. De un lado  está el cliché de identificar automáticamente la actividad extractiva con la contaminación. En verdad toda actividad productiva e industrial, incluso la agroindustria, produce cierto tipo de contaminación y de impacto ambiental. Lo que debe hacer el Estado para proteger la vida y la salud de los ciudadanos es exigir a las empresas que utilicen la tecnología más avanzada con el fin de reducir al mínimo los efectos contaminantes y, si no lo hacen, sancionarlas.  

Del otro lado, otro cliché que traba el diálogo es el facilismo de llamar “antimineros” y de ahí, apresuradamente, calificar de “anti sistema” a quien se opone a determinada empresa extractiva en determinado lugar y bajo determinadas condiciones. Quiénes satanizan a otros de “antimineros” parecen estar convencidos de que cualquier inversión extractiva es buena en cualquier lugar y en cualquier condición.  En ambos casos, se estimulan, por reacción,  las posturas radicales de ambos extremos y no queda espacio en el debate para posiciones  más complejas  y matizadas que permitan lograr consensos.

En la línea de la enseñanza social de la Iglesia

Como en Bagua,  en Conga,  y ahora también en Espinar, la Iglesia ha intentado contribuir al diálogo. Tanto la  Prelatura de Sicuani como la Conferencia Episcopal Peruana se han  pronunciado apelando a la responsabilidad de todos los actores en el conflicto. Ante posibles confusiones, en reciente Conferencia de Prensa,  el Padre Adelmann recordó que la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani viene trabajando desde hace 50 años en la zona conjuntamente con la población y con la mina y enfatizó que  “la política de la Prelatura de Sicuani y de la Vicaría de la Solidaridad siguen la línea de la enseñanza social de la Iglesia. Preocuparnos por el bienestar de la población no es algo ajeno al cristianismo, es nuestro deber”.

Los conflictos son parte de la vida humana. Los sociales son parte de la vida de una sociedad, de cualquier sociedad de diferentes. Sigamos reflexionando y sacando lecciones de lo vivido. Como ciudadanos y como cristianos todos debemos contribuir a que el próximo conflicto se resuelva, al menos, sin pérdida de vidas humanas.