Por: Germán Torres Cobián
Chimbote en Línea (Columnistas).-Desde los tiempos de las infaustas administraciones apristas, se ha puesto de moda un estribillo que ahora algunos cacasenos emplean para referirse a cualquier autoridad municipal o regional: “Que roben pero que hagan obras”. Pero, ¿qué pasa cuando esos mismos que roban realizan mal las obras? La respuesta es: el daño es doblemente grave para la sociedad.
Ya es evidente para toda la población chimbotana que la llamada reconstrucción de la avenida Pardo es una obra deplorable, una chapuza, una gran estafa en la que están coludidos el Gobierno Regional de Áncash (GRA), la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), el llamado Consorcio Pardo, la subregión Pacífico, y con el silencio cómplice de algunos periodistas venales. Los informes del Colegio de Ingenieros del Perú –Filial Chimbote (CIP), los constantes reportes de los diarios, las denuncias de los vecinos y comerciantes afectados y la simple observación de los trabajos por cualquier viandante pueden dar constancia de que la “remodelación” de la principal arteria chimbotana constituye un gigantesco expolio al patrimonio del canon minero y que el fraude es de tal magnitud que supera las primeras estimaciones pecuniarias.
La “reconstrucción de la avenida Pardo”, que se había fijado para ser concluido en un año, ya va camino de dos y los expertos fijan su avance solo en el 26%, habiéndose pagado el total del costo de la obra. En diversos informes periodísticos, el CIP ha dado cuenta del pésimo material empleado en la obra y el sobrecosto de la misma, por lo que no vamos a redundar en detalles.
Si echamos un vistazo en Internet al proyecto de la bellísima alameda “Salvador Allende” que la Municipalidad de Lima va a ejecutar a lo largo de seis kilómetros entre San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo por un costo de nueve millones trescientos mil soles, podemos darnos cuenta del cuantioso dinero que se van a embolsar ilícitamente quienes proyectaron y vienen ejecutando pésimamente las obras de la avenida Pardo.
Una sencilla operación aritmética nos lleva a la conclusión de que cada kilómetro de la alameda limeña costaría poco más de un millón y medio de soles. ¿Cuánto han costado los tres kilómetros de la chapuza que se ha hecho en nuestra principal avenida? Otro simple cálculo matemático nos lleva a la conclusión de que cada kilómetro ha costado: ¡¡¡Trece millones de soles!!! La estafa es ostensible: un consorcio creado a propósito (sin experiencia alguna en esta clase de obras), licitación fraudulenta, personal incompetente, maquinarias alquiladas, tercerización de la obra, supervisores coludidos con la mafia, cambios en la jefatura de la subregión Pacífico para diluir responsabilidades, mutismo de los locutores mercenarios de la radio y TV, de los concejales de la MPS (excepto del regidor Briceño) y de los consejeros regionales, etc. Es decir, el colmo de la corrupción.
Este caso de estafa urbanística que está arrasando con el dinero del canon, da la medida de la catadura de los funcionarios regionales a quienes les importa un comino los informes periodísticos del CIP, la indignación de los vecinos afectados por esta increíble chapuza, o el control de los organismos fiscalizadores del erario público. La dimensión de este episodio de corrupción debería poner en alerta a la sociedad sobre un fenómeno que se ha hecho generalizado desde que “Cuenta Conmigo” tomó las riendas del GRA y de la MPS.
Las denuncias de que se están cobrando comisiones por la adjudicación de obras a empresas insolventes e incompetentes han planeado constantemente sobre las administraciones de Álvarez y Arroyo: el caso del sobrecosto de la avenida Industrial, el Coliseo “Gran Chavín”, las veredas del Casco Urbano, colegios recientemente construidos que se están cayendo, el asunto del colegio de Cascajal, los millones despilfarrados en el Proyecto Chinecas…
Así pues, hay por lo menos peculado, estafa y asociación ilícita para delinquir en la “reconstrucción de la avenida Pardo”, y hay enriquecimiento ilícito de las personas involucradas. Hasta este extremo se ha corrompido el sistema de adjudicación de obras y servicios en el GRA y en la MPS. Hoy por hoy, quienes acaban adjudicándose las obras no son las empresas que más méritos tienen, sino aquellas que carecen de escrúpulos y suplen la falta de capacitación con dádivas y comisiones.
El problema es que una vez que la corrupción se instala, tiende a perpetuarse. El cobro de comisiones no solo atenta contra la moralidad. También tiene efectos devastadores sobre la confianza en los gobernantes y sobre la calidad de la gestión pública. Se consolida así un sistema injusto, ineficiente, que supone un enorme sobrecosto que acaban pagando los ciudadanos.