Chimbote en Línea.- El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se presentó en el Congreso de la República para sustentar el proyecto de ley 1358, presentado a comienzo del mes, el cual promueve la aplicación del enfoque de derechos de las personas afectadas por desastres naturales.
En cuanto a la ley vigente “Ley de Reconstrucción con Cambios”, el Defensor del Pueblo señaló que esta crea una autoridad y tiene una suerte de directorio que está integrado por los ministerios que tienen que ver con la infraestructura, además crea todo un régimen simplificado para la contratación pero no consideran los derechos fundamentales de las personas.
“Esto es importante porque las personas que más sufren son los que menos capacidad tienen para recomponer sus vidas. En ningún momento de consideran a los ministerios sociales, esta reconstrucción va a ser básicamente de infraestructura, es importante pero responde a un modelo desfasado, desde el 2005 los modelos de reconstrucción se basan en los derechos de las personas más vulnerables”, señaló Walter Gutiérrez.
Indicó con preocupación que 435 mil personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, esto significa que el Estado no ha tenido la capacidad de responder a uno de los derechos más básicos. “Yo me pregunto si conocemos el protocolo de respuesta para atender a las personas en desastres en el ámbito de la alimentación, pues no existe, este proyecto pretende que el país tenga capacidad institucional para ocuparse de las personas que estén desamparadas”.
Sustentó también que el proyecto es importante porque identifica quienes son los titulares de estos derechos -los derechos sociales- y señala cuales son, además indica que entes estatales están obligados a brindar estas prestaciones así como los que supervisan la adecuada atención.
Reconstrucción sin corrupción
El defensor Walter Gutiérrez recalcó que la reconstrucción con cambios debe ser sin corrupción. “Esta es una oportunidad para que la autoridad de la reconstrucción elabore un plan anticorrupción como una herramienta de gestión para evitar estos actos, de igual modo debe exigirse que todas las empresas que contraten con el Estado cuenten también con un plan plenamente verificable”.
“No es posible que cada vez que entremos a una temporada de friaje o algún otro desastre se declare al país en emergencia, la respuesta del Estado es simplemente reactiva, nuestra propuesta es una ley marco para que haya un enfoque de derechos y que ayude a resolver todos estos problemas”, dijo Gutiérrez.
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