(Perú en Línea) En relación a los recientes decretos legislativos para la lucha contra la corrupción que ha emitido el Poder Ejecutivo, y que son aún revisados por una comisión especial en el Congreso de la República, la asociación civil Transparencia difundió un comunicado para reconocer el avance alcanzado en esta materia, pero advirtió que “existen vacíos y deficiencias que es necesario subsanar para garantizar eficacia e impacto real en la lucha contra la corrupción”.

Así, tras destacar la importancia de la norma que impide el ingreso o permanencia en la función pública de personas condenadas por corrupción, Transparencia considera que esta restricción debería extenderse a los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

En relación al decreto que establece un régimen de responsabilidad penal autónoma para las personas jurídicas, sostiene que “es inexplicable que se haya conferido a la Superintendencia de Mercados y Valores la facultad exclusiva y final de decidir sobre la pertinencia de los programas de prevención adoptados por las empresas para eximirlas de responsabilidad”.

Una tercera reflexión se refiere a la creación de la Autoridad de Transparencia, considerando que la disposición emitida deja de lado aspectos esenciales que le restan autonomía y fuerza a dicha entidad.

“Una autoridad autónoma y con las necesarias facultades para hacer efectiva la transparencia en todos los niveles e instituciones del Estado constituye la piedra angular de un sistema nacional de lucha contra la corrupción, tanto más necesario en circunstancias como las actuales en que apreciamos la gravedad de actos condenables cometidos por Odebrecht y otras empresas”, agrega el documento.

Transparencia advierte, al respecto, que el decreto emitido sobre la Autoridad de Transparencia “no garantiza capacidad para sancionar la omisión en la entrega de información por parte de las entidades en todos los niveles de gobierno y poderes del Estado, ni para impedir que se abuse en la clasificación de la información reservada o confidencial, dejando un margen amplio de discrecionalidad en cada entidad pública”, manfiesta. 

Transparencia exhorta a la clase política, a promover una efectiva regulación de la gestión de intereses para evitar el tráfico de influencias. Y refiere a la propuesta concreta de la Comisión Presidencial de Integridad de que los altos funcionarios del Estado presenten, , antes del 31 de enero del 2017, una Declaración Jurada de Interesesen en la que detallen sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo.

Sobre el paquete de normas, Transparencia destaca en su comunicado las normas en materia de contrataciones del Estado, tales como la introducción de cláusulas anticorrupción en los contratos así como el impedimento para contratar a personas y empresas condenadas por corrupción o que hayan reconocido su delito. También la obligación de transparentar las decisiones jurisdiccionales.

“Seguiremos promoviendo iniciativas en favor de la integridad en diálogo con el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República y propiciando la acción ciudadana en la lucha contra la corrupción”, declaró Gerardo Távara Castillo, secretario general de Transparencia, quien destacó el valor de las más de 50 mil firmas de ciudadanos peruanos que apoyan la reforma institucional en el país.