Chimbote en Línea.- El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, consideró que revertir la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y los indagados por los aportes a sus campañas presidenciales traería consecuencias negativas en las investigaciones del Ministerio Público.

Una de las consecuencias sería, según dijo, el cambio de versión de los colaboradores eficaces y de las personas que pueden ser llamadas a proceso.

Hoy, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dará a conocer su decisión en torno al recurso de casación presentado por la abogada de Keiko Fujimori, en busca de revertir la prisión preventiva por 36 meses en su contra.

José Domingo Pérez sostuvo que cuando se pidió la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y los demás investigados se evidenció la obstaculización de la justicia que hay en este caso, razón por la cual asignó números a colaboradores que han sido víctimas de amenazas y hostigamiento.

“Si hay una decisión desatinada debemos seguir (con las investigaciones) solo espero las condiciones necesarias que vamos a requerir a instancias judiciales y al Ministerio Público para desarrollar la investigación”, afirmó.

El fiscal advirtió también que hay intereses que buscan traerse abajo el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht sabiendo que las evidencias proporcionadas en ese marco son necesarias para formular acusación penal e ir a juicio.

Indicó que las investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular no han sido sencillas y tampoco han estado exentas de factores que enturbian el normal desarrollo del proceso, como se ha demostrado en las conversaciones en el chat La Botica.

Mencionó también que los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, que han sido objeto de blindaje en el Congreso, también han venido entorpeciendo el regular desarrollo de la actividad fiscal.

El fiscal señaló además que ha solicitado al Poder Judicial formalizar la investigación contra el partido Fuerza Popular, como persona jurídica, en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado.(Andina)