Chimbote en Línea (Política) La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió hoy un pronunciamiento sobre la recientemente aprobada Ley No. 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldados genera grave preocupación en materia de derechos humanos. Reproducimos su contenido:

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de las 81 organizaciones que conforman esta institución, ante la promulgación de la Ley 30151 que modifica el Código Penal y exime de responsabilidad a los policías y militares que causen la muerte o lesiones en el cumplimiento de su deber, consideramos  que:

1.- La vida e integridad física de las personas son derechos fundamentales que el Estado debe proteger frente a cualquier actor, civil, policial o militar.

2.- Esta ley tiene como antecedente el Decreto Legislativo 982, frente al cual el Tribunal Constitucional declaró la obligación que tienen los fiscales de investigar y la de los jueces de juzgar y sancionar los abusos de los agentes del orden.

Afirmamos que a pesar de la reciente modificación del Código Penal, subsiste plenamente la obligación estatal de investigar, sancionar y reparar las acciones de uso abusivo de la fuerza por parte de los policías y militares.

3.- Creemos que esta es una medida efectista, pero por completo ineficaz para combatir la inseguridad ciudadana que aqueja nuestro país. Este grave problema sólo podrá superarse combatiendo la corrupción, asegurando condiciones laborales dignas al trabajador policial y militar, garantizándole dotación logística y entrenamiento adecuado, así como mejorando la articulación con las otras entidades del Estado y la sociedad civil, entre otras medidas.

4.- Cabe recordar que solo en lo que va de gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso, 29 civiles (incluyendo dos menores de edad[1]) han perdido la vida como consecuencia de la actuación de las fuerzas del orden en contextos de protesta social. Nos preocupa que continúe el aumento de violaciones de derechos humanos en contextos de conflictos sociales frente a la imposición de proyectos de desarrollo e industrias extractivas.

No es una preocupación solo del movimiento de derechos humanos, pues esta situación le ha valido al Perú severos cuestionamientos tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

5.- Para superar esta situación, invocamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a convocar una Comisión para la elaboración de una norma que regule de manera precisa los procedimientos operativos de la Policía para el control de disturbios y deroguen todas las normativas que flexibilizan el uso de la fuerza letal en estos contextos. Esta Comisión deberá incorporar la participación de especialistas en seguridad ciudadana y en derechos humanos.

Lima, 14 de enero del 2014.

[1] Los menores son Carlos Alberto Ramos Carmen y César Medina Aguilar.