El Estado debe proteger a la sociedad, a los consumidores y a los negocios. La mejor manera de regular este y  cualquier otro mercado es asegurando libre competencia y consumidores informados y con criterio.

Por eso, el Estado debe exigir que todo negocio universitario les proporcione a sus futuros clientes la información necesaria para que puedan evaluar la calidad de los servicios que se les ofrecen y compararlos con los de las otras empresas del ramo.

Muchos de estos negocios educan profesionalmente en campos cuyo ejercicio el Estado con razón regula, como son, por ejemplo, la medicina, las ingenierías, la abogacía o la enfermería. Son los colegios correspondientes los que deben garantizar capacidad profesional. Por consiguiente, no deben colegiar ni autorizar el ejercicio profesional en base exclusivamente a un título.

Estos mecanismos de control –exigir información que permita evaluar los servicios ofrecidos y asegurar que los colegios profesionales garanticen capacidad más allá de los estudios realizados– bastan y sobran para regular la venta de servicios educativos. Si hablamos de negocios universitarios, la Asamblea Nacional de Rectores y sus organismos asociados, como el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, son entidades innecesarias y hasta inapropiadas.

Sabemos que no sirven para garantizar estándares mínimos de calidad y no tenemos porqué creer que sí lo harán en el futuro. Y la noción de que una asociación independiente de negocios supervise y regule a las empresas del ramo con el fin de garantizar la calidad de sus productos no es de la mejores.

A diferencia de los negocios universitarios, universidades como San Marcos, Cayetano, la UNI o la Católica tienen planteles de profesores con doctorados o títulos equivalentes, a tiempo completo y con contratos vitalicios. Este cuerpo de profesores participa en la administración de la universidad que en mayor o menor medida incorpora mecanismos de autogestión. ¿Por qué esto?

Parte de las funciones laborales de un profesor de estas universidades es la producción de conocimiento. En algunos casos esta función puede ser la principal: durante un sabático es la única que se le impone. La creación intelectual requiere dedicación completa en condiciones de seguridad económica. En muchos casos los mejores frutos se ven luego de décadas de investigación.  

Esto explica porqué, pasado un período de prueba de muchos años, a estos profesores se les otorgan nombramientos de por vida. Un propósito adicional del nombramiento vitalicio es proteger al profesor de la voluntad de sus empleadores y asegurar que pueda trabajar con absoluta libertad, guiado solamente por las exigencias de su disciplina.

¿Cómo se educa en estas universidades? Exponiendo críticamente al estudiante a los diversos campos del saber. En sus cursos no solamente se transmiten contenidos sino que se evalúan, se discuten y se cuestionan. Incluso, en seminarios y cursos avanzados se incorpora al estudiante a los mecanismos de producción de conocimiento.

Por todo esto, los profesores de estas universidades tienen doctorados. Un doctorado requiere haber hecho una contribución al conocimiento. Vemos, pues, que en estas instituciones académicas la investigación y la producción de conocimiento no se pueden separar de la labor docente.

La creación de conocimiento florece en comunidades libres de pensamiento, comunidades que encarnan el diálogo franco, imaginativo y riguroso, la conversación honesta que atiende solamente a la razón y la verdad.

Estas universidades cumplen así un papel central en la formación de sus estudiantes, abriendo sus mentes, inculcando valores intelectuales y disponiéndolos para la vida ciudadana. Pero es esto lo que, además, las convierte en la conciencia crítica del país. Por ello, toda universidad genuina se administra en buena medida con autogestión.

Vemos, pues, que estas características de las verdaderas universidades no son atavismos ineficientes, sino esenciales para que la universidad cumpla sus funciones. Por eso existen en todas las buenas universidades en cualquier país, sin excepción. Imponen, sin embargo, un costo económico enorme, al punto de hacerlas inviables comercialmente.

Si al tiempo libre y la seguridad laboral de los profesores le agregamos los gastos en laboratorios y equipos, bibliotecas y otras necesidades de la investigación y los estudios universitarios apreciaremos porqué una universidad genuina no puede ser negocio. De hecho no lo es en ninguna parte del mundo.

Todas las universidades generalmente consideradas entre las mejores del mundo (hablamos de cientos y hasta miles de universidades, incluyendo algunas peruanas) son instituciones subsidiadas. Ninguna, absolutamente ninguna, es un negocio rentable. Esto es verdad también para las pocas verdaderas universidades peruanas. Una buena parte tiene fondos de inversión que ha acumulado a través del tiempo a partir de donaciones filantrópicas.

Los fondos de inversión de la universidad de Harvard son de decenas de miles de millones de dólares; los de cualquier universidad regional sin posgrado en los Estados Unidos son de cientos o al menos decenas de millones.

La confusión entre negocios universitarios y universidades es sumamente dañina, y lo es de múltiples maneras. Desnaturalizamos la verdadera universidad cuando las consideraciones que la rigen son mercantiles. Para citar solamente un ejemplo, el tamaño de una universidad es determinante de su vida institucional. Dejar que razones comerciales determinen su escala es pervertirla y minar sus funciones propias.

Se impone crear cuanto antes un Sistema Nacional Universitario que reúna a todas las universidades genuinas del país, privadas o públicas. Este sistema autónomo integraría a profesores y alumnos y permitiría un mejor uso de recursos. Supone fundar universidades a través de mecanismos de financiamiento que aseguren su autonomía y sus rentas.

Debemos considerar sin más demoras la creación de fondos intangibles. Es tiempo de recuperar las propiedades de San Marcos y darles el uso para el cual fueron originalmente donadas.

La certificación de universidades, condición indispensable para pertenecer al Sistema Nacional Universitario, se debe basar en criterios universalmente aceptados: relación entre número de alumnos y número de profesores nombrados y a tiempo completo; porcentaje de profesores con doctorados u otros grados o títulos similares; citas en revistas académicas reconocidas de las publicaciones de sus profesores; recursos bibliográficos e inversión en investigación; para mencionar solo algunos. Estos criterios permitirán establecer un rol de mérito institucional que articule el sistema y que asegure beneficio mutuo, incluso entre instituciones de dispar calidad.

Ciertamente tiene razón quien diga que he idealizado nuestras universidades y que en la realidad distan por mucho de cumplir con sus funciones propias. Eso lo concedo sin matices. El tema es otro: ¿qué debemos hacer? ¿Tirar la toalla y suponer absurdamente que son los negocios universitarios los que van a suplir nuestras carencias? No. He idealizado para mostrar a qué debemos apuntar. Y he sugerido que no es difícil saber, en principio, cómo llegar a ese ideal. El resto, lo complicado, depende exclusivamente de nosotros.