Chimbote en Línea.- El Diario La Republica publica hoy un informe respecto a la situación real en que se encuentra el caso de las esterilizaciones forzadas, realizadas a miles de mujeres en el gobierno de Alberto Fujimori. Una situación que indigna no sólo a las afectadas sino a todos los que creemos, pese a todo, en la justicia.

 

De muy poco han servido los testimonios de las víctimas, las declaraciones de los propios médicos y las investigaciones como la de Giulia Tamayo, quien descubrió las cuotas de intervenciones quirúrgicas exigidas al personal de Salud. Tampoco las denuncias que hicieron organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. Ni los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 

La mayoría de las querellas por esterilización forzada fueron archivadas y otras prescribieron generando una situación de impunidad. 

 

Han pasado 15 años y estas mujeres continúan sin acceso a la justicia y a la reparación por los daños que les causó un programa de planificación familiar que tenía por finalidad maltusiana disminuir la pobreza deteniendo el nacimiento de más pobres.

 

La sociedad en su conjunto también necesita conocer la verdad de un hecho que  agravia la dignidad humana y que el derecho internacional reconoce como crimen de lesa humanidad.

 

 

Esta situación podría cambiar de acuerdo con los planteamientos de cuatro artículos y una serie de testimonios que han sido reunidos por Alejandra Ballón en el libro "Memorias del caso peruano de esterilización forzada", presentado por el Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del Perú.

 

En el texto, Giulia Tamayo, fallecida en abril pasado, anota que el Estado peruano está obligado a investigar este caso de manera inmediata, imparcial y exhaustiva, tal como lo señalan diversos tratados y el propio derecho penal internacional.

 

La abogada explica que la esterilización forzada es reconocida como tortura por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y puede constituir crimen de lesa humanidad cuando el autor priva a una o más personas de la capacidad de reproducción biológica; cuando esta práctica no esté justificada por un tratamiento médico; y cuando se haya efectuado sin libre consentimiento.

 

Estos hechos se produjeron durante el desarrollo del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), entre los años 1996 y 2000. Precisamente en momentos en que el Perú estaba adscrito al Convenio 169 de la OIT, a la Convención de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial y a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Aun así se ha soslayado con diversos argumentos la responsabilidad de investigar estos abusos. Se ha dicho que no ocurrieron. O que ocurrieron pero no están dentro de las definiciones de crímenes internacionales. También se ha alegado que no son violaciones de derechos humanos.

 

Pero los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 hacen mención incluso al genocidio cuando se dan medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de un grupo humano. 

 

 

Después de 18 años del terrible suceso son notables los impactos y las huellas que ha dejado la política poblacional emprendida en 1996.

 

Alejandra Ballón y Giulia Tamayo volvieron a encontrarse con aquellas mujeres de las zonas altoandinas del Cusco, Ayacucho y Piura, quienes hace quince años tomaron valor para relatarles la amarga experiencia que les tocó vivir.

 

En Huancabamba, Piura, un gran número de ellas habían perdido la práctica de sus culturas ancestrales al estar imposibilitadas físicamente.

 

Las operaciones a las que fueron sometidas les han impedido realizar el tejido en telar (kallwa), que se ejecuta atando un extremo de las hebras a la pared y el otro extremo a la cintura de las mujeres.

 

"... No, antes tejía, después de la operación ya no. Me duele, es mucha fuerza con la kallwa, me duele mucho la cintura porque choca aquí (señala el vientre) cuando me amarro",  cuenta Francisca Meléndez.

 

Siendo este trabajo fuente de ingresos económicos y expresión de su cosmogonía, estas mujeres se resisten a dejarlo y lo hacen amarrándose el telar a las costillas en lugar de la cintura. Aparte de cortarles la respiración, cada golpe que ejecutan durante el tejido les causa fatiga, lo que afecta grandemente su producción.

 

Otras, como Felicia Chinguel, Sabina Pintado y Esperanza Huayama, trabajaban en el campo y ahora se dedican a vender verduras en el mercado. 

 

"Más antes, yo cosía, yo hacía mis bordados y los vendía, en cualquier trabajo trabajaba yo, aunque sea con palanca, pero ahorita ya no puedo alzar ni un balde de agua, ya no puedo caminar rapidito o lejos", testimonia Ermandina García. 

 

Huancabamba aparece con un alto número de esterilizaciones, pero extrañamente los archivos se extraviaron.

 

Alejandra Ballón también  fue a Ayacucho tras los pasos de las mujeres quechuahablantes de la provincia de Vilcashuamán. La situación no es distinta. 

 

Celia Gamboa, antes de ser esterilizada, trabajaba en el campo ayudando a su esposo en el aporque de papa o maíz. El dolor de cintura ya no le permite hacerlo.

 

Nunca regresó al hospital donde la intervinieron para reclamar por su salud. Su vida conyugal cambió radicalmente. Está atrapada por el dolor físico y emocional.

 

"Yo pienso que voy a morir, así yo digo, de repente el cáncer ya me está pegando así", dice con pesar.

 

Concepción Bellido recordó que en mayo de 1997 la llevaron a la posta médica. Le habían dicho que las personas con más de tres hijos tenían que pagar impuesto y que el Estado solo brindaría educación gratuita a las familias con dos vástagos. Ella acudió presurosa. Hoy lo lamenta. 

 

 

A Alejandra Ballón le cuesta entender el poco interés de los académicos peruanos por un problema que afectó a la población más humilde del país. Se pregunta ¿por qué casi no existen tesis universitarias en ciencias sociales, estudios de género y/o medicina sobre las esterilizaciones forzadas? Solo se conocen dos tesis, una en la universidad Católica y otra en la universidad de Huamanga.

 

Falta descubrir qué pasó realmente con las mujeres sometidas a lo que se denominó Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Un solo caso, el de Victoria Vigo, fue aclarado judicialmente. Ella demostró que no la habían esterilizado, sino que le habían mutilado las trompas de Falopio. ¿A cuántas mujeres mutilaron y a cuántas ligaron? 

 

En este libro, Gabriela Citroni cuestiona el silencio de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a lo que Salomón Lerner responde. Rocío Silva Santisteban evalúa el papel de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y el médico Gonzalo Gianella analiza la responsabilidad de su gremio. 

 

 

La abogada Giulia Tamayo considera que para investigar y promover la acción penal en el caso de las esterilizaciones forzadas por el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) es necesario comprender las definiciones en materia de crímenes internacionales.

 

Además sumar un entendimiento profundo del principio de igualdad y no discriminación por motivos de género, de índole racial o étnica.

 

"Para un país como el Perú con alta composición de población indígena, la investigación también debe estar instruida por un conocimiento alto de los derechos de estos pueblos", apunta.

 

También pone en relieve la ubicación de los responsables siguiendo el rastro de las órdenes y cadenas de mando. "Los abusos no fueron perpetrados por unos cuantos médicos 'entusiastas', como han sostenido los altos cargos del régimen. Los responsables de estos abusos se valieron del aparato del Estado para llevarlos a cabo y encubrirlos".

 

En cuanto al procedimiento judicial, señala que las víctimas deben contar con garantías y respeto para brindar sus testimonios, lo que deben hacer en su propia lengua y con la asistencia de un intérprete.

 

Hace mención al ejercicio de la jurisdicción universal y anota que pueden intervenir, más aún cuando existen evidencias de renuencia del Estado peruano a investigar.

 

"Contra todo cálculo, estas mujeres no callaron los abusos. Desde la adversidad, resistieron", recalca Tamayo en el libro. (La Republica)