Chimbote en Línea (Libre Opinión).-La conmoción producida por el asesinato del ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco ha llevado a un sector del oficialismo a preocuparse seriamente por el magistrado que será nombrado Fiscal de la Nación dentro de quince días.La idea es que si el Ministerio Público no cambia radicalmente de actitud frente a la corrupción y el sicariato en Áncash, de poco sirve capturar a los asesinos de Nolasco. Existe suficiente evidencia de un tinglado judicial que protege a quienes están detrás del crimen organizado.

Tanto el actual fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, como su voceado sucesor, Carlos Ramos Heredia, son considerados poco menos que aliados del presidente regional, César Álvarez, quien está en el centro de las investigaciones.

En la Junta de Fiscales Supremos, que nombra al titular del Ministerio Público, hay un acuerdo previo entre una mayoría de siete miembros para nombrar a Carlos Ramos Heredia, cuya idoneidad brilla por su ausencia. Sin embargo, como adelantó la revista Caretas la semana pasada, el propio Ramos podría desistir por las resistencias que causa su nombramiento y porque su trayectoria, que revisan con lupa varios periodistas investigativos, parece un campo minado donde diversas denuncias pueden estallar.

También en lo funcional tiene rabo de paja. El área de Control Interno de la Fiscalía de la Nación, que Ramos aún dirige, trabajó para castigar a los fiscales que investigaban al presidente regional. En defensa de Ramos hay que decir que esto no pudo hacerlo sin el apoyo del Fiscal de la Nación, mientras las denuncias contra Álvarez eran archivadas por montones, sin investigación. Al mismo tiempo, fiscales idóneos eran alevosamente amenazados por el crimen organizado.

En un caso extremo, el Ministerio Público archivó la denuncia que su propia fiscal Jenny Vilcapoma hizo contra quienes resultaran responsables de haberla amenazado cuando interrogaba a Ezequiel Nolasco, el 19 de octubre del 2012. La amenaza contra ella (“nos encargaremos de esa perra”) llegó al celular de Nolasco, quien por la misma vía también fue amenazado, también denunció, y también quedó sorprendido cuando la fiscalía archivó la indagación meses más tarde. Mientras la diligencia tenía lugar, uno de los sicarios denunciados por haber atentado contra Nolasco daba vueltas por el local del Ministerio Público de Chimbote. El acta con este registro ha sido publicada por Daniel Yovera en Diario 16.

En suma, el efecto del asesinato de Nolasco parece haber cortado por ahora las aspiraciones de Ramos. Su nombramiento caería en Áncash como una provocación.  Por eso las miradas se han vuelto hacia José Peláez Bardales, a quien aún le quedan dos años de carrera. Podría reelegirse, aunque tampoco es el hombre perfecto para el statu quo del Ministerio Público.

Tiene tres denuncias ante el  Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La más reciente es por una demora en el envío a los Estados Unidos de documentos del caso Sánchez Paredes, en el que se investiga un presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Otra concierne a supuestas irregularidades en Junta de Fiscales Supremos que designó a Gladys Echaíz al JNE. La tercera y más antigua: por haber removido a los fiscales que investigaban La Centralita, un supuesto centro de operaciones políticas ilegales que fue allanado por el Ministerio Público con orden judicial.

Con todo, la  opción de Peláez se sostendría porque tres consejeros actuarían en su favor en el CNM. Uno es Máximo Herrera, ex presidente del organismo. Herrera fue designado al CNM por el Ministerio Público, a propuesta de Carlos Ramos y con el apoyo de Peláez. Dirige la comisión de procesos disciplinarios, aunque su propia disciplina deja que desear. Por ejemplo, se hizo acompañar a un Congreso Jurídico  en España por una funcionaria de su predilección, logrando que el CNM pagara sus pasajes y viáticos mediante una resolución que argüía  inexistentes necesidades protocolares. Cuando ella dejó el CNM por disposición del nuevo presidente, Pablo Talavera, había aumentado más de cuatro veces su salario durante la gestión de su benefactor. Herrera, por lo demás, nombró a tantos nuevos funcionarios que a finales del 2013 no había cómo pagarles. Su período está bajo examen.

Otro voto a favor de Peláez es el de Luz Marina Guzmán, nombrada al CNM por el Colegio de Enfermeras. Actualmente afronta la sustentada denuncia de Daniel del Carpio, fiscal adjunto superior de Puerto Maldonado, quien ha demostrado ante el CNM que en octubre del 2012 Guzmán tuvo relación impropia con magistrados a los que iba a evaluar. Una funcionaria de su tipo no puede reunirse, recibir distinciones  o cenar con ellos, cosa que manifiestamente hizo.

  Fue en el contexto de una charla a fiscales de Madre de Dios para explicarles, precisamente, cómo debían actuar ante una evaluación. Del Carpio describe en su denuncia cómo en los certificados de asistencia Guzmán aparece dictando 32 horas académicas cuando habló menos de una hora. Es posible que las evidencias le cuesten el cargo. Antes se había librado de otra acusación: la de falsificar firmas para su candidatura al CNM. La salvó el Ministerio Público, cuando Peláez ya era Fiscal de la Nación.

Tercer voto a favor: el de Vladimir Paz de la Barra, el juez destituido en los años ochenta por haber perdido el expediente del narcotraficante Evaristo Torres Ardila. En internet puede apreciarse el poema a Paz de la Barra que le dedica Mariano Peláez, el fallecido hermano del Fiscal de la Nación, en una reunión para apoyar su candidatura al CNM.

Le recita “Serenamente”, un poema de Chocano que comienza así: “Cuantos me han calumniado/y me han escarnecido/dieron tal magnitud a mi pecado/que me duele el no haberlo cometido”. Mariano, dicho sea de paso, le prestó en vida servicios legales a César Álvarez. Lo mismo que el estudio de Paz de la Barra. Y Luz Marina Guzmán, antes de ser consejera, fue candidata al Congreso con Álvarez bajo las banderas del extinto Frente Independiente Moralizador. El presidente regional es todo un pulpo.

De modo que Peláez podría resistir las denuncias en contra suya en el CNM. Bastaría sumar el voto de Gastón Soto Vallenas, el consejero que desea ser Defensor del Pueblo con los votos del nacionalismo y el fujimorismo. Sin embargo, una actuación ligera en los tres procesos investigativos que afronta el   Fiscal de la Nación contribuirá al desprestigio del CNM. Seis de sus miembros han sido denunciados ante el Congreso por haber mentido en el proceso de ratificación del vocal supremo  Javier Villa Stein: dijeron, al ratificarlo, que ejercía la docencia universitaria dentro del horario establecido por la legislación, cuando lo hacía dentro de ella, conforme acreditan los documentos del expediente.

La brutalidad del crimen de Nolasco, el octavo crimen que se considera político en Áncash, hizo que por algún momento pasara por la cabeza del presidente Humala la idea de declarar la región en emergencia. Pero el sentido común prevaleció: ¿qué iban a hacer militares en una investigación sobre corrupción y crimen organizado? Fue entonces cuando alguien del entorno dijo:

—El problema de Áncash no se arregla si continúa la misma cúpula del Ministerio Público.
Y entonces surgió la iniciativa de apoyar un proyecto presentado por Víctor Andrés García Belaunde y otros congresistas de la bancada Acción Popular-Frente Amplio, según el cual la Junta de Fiscales designa como Fiscal de la Nación al magistrado más antiguo. Le tocaría a Pablo Sánchez, cuya honestidad no es puesta en duda.

Por un momento la idea pareció agradarle a Humala, pero hasta ayer la bancada de Perú Posible no había recibido ninguna instrucción de Palacio de Gobierno. La elección del próximo Fiscal de la Nación debe producirse a más tardar el viernes 11 de abril, de forma que pueda asumir treinta días después, el 12 de mayo. Hay una reunión de junta convocada para el 3 de abril. Tal vez la votación de los fiscales supremos que van a elegir entre Ramos y Peláez sea antes de lo previsto, para evitar cualquier movimiento de última hora en el Congreso. (Por:  Ricardo Uceda – La República)