Chimbote en Línea.- Luego de que el representante del Ministerio Público José Olivos Cosio sustentara su pedido de sobreseimiento (archivo) a la investigación seguida contra un grupo de exfuncionarios del proyecto especial Chinecas acusados por la presunta comisión del delito de colusión, el abogado de la Procuraduría Anticorrupción, Aldo Castañeda Antón salió al frente para oponerse a tal requerimiento.

En la audiencia realizada a las 9 y media de la mañana en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia del Santa, el representante de la Procuraduría dijo que los exfuncionarios  Carmina Cortez Roque, Ismael Víctor García Rivera, Eduardo Bobadilla Salgado y Gonzalo Noriega Alfaro se coludieron con la proveedora de la empresa Beendi SRL, Fiorella Luna Gonzales para la adquisición de indumentaria de trabajo, presuntamente sobrevaluada.

En su alocución, Castañeda Antón aseveró que existe un informe que se contradice con dicha adquisición, ya que la indumentaria iba ser destinada para el personal de campo abierto, sin embargo se adquirió para una labor más sofisticada.

“Ha sido una adquisición onerosa y consideramos que tenía por fin favorecer a la empresa; la ropa que vendió tenía precios más elevados, pero no era finalmente lo que se necesitaba”, apuntó el letrado.

En esa misma línea, solicitó a la juez que ventila el proceso María Zulueta Cabrera declarar fundado la oposición y eleve los actuados a la Fiscalía Superior, a fin de que se analice con detenimiento dicha acusación.

La Procuraduría solicitó 10 mil soles como pago solidario de reparación civil de los acusados a favor del Estado.

En tanto Olivos Cosio, adujo que en este proceso no se llegó a probar la colusión, debido a que previo a la buena pro, se presentaron tres cotizaciones similares de otras ciudades del país. Esto sirvió para que la defensa de los acusados, respalde y se allanen al requerimiento fiscal.

Tras escuchar los alegatos, la magistrada pidió unos días de plazo para emitir su disposición y por ende programar la audiencia de control de acusación.

Vale precisar que en este proceso judicial solo figuran como imputados, Carmina Cortez Roque y Misael Zelada Fernández. No obstante se conoció que uno de los investigados sería el esposo de la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno Rivera.

La Fiscalía solicitó 5 años de pena privativa de la libertad para los dos acusados tanto como autora y cómplice primario del delito respectivamente.

(Redacción Central)