Chimbote en Línea.- El titular del Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Efer Díaz Uriarte, decidió suspender la audiencia de inicio de juicio oral que se sigue contra el preso Luís Arroyo Rojas y dos exfuncionarios de la Subregión Pacífico, acusados de la presunta comisión del delito de peculado.

Esto debido a que Arroyo y los coacusados, Luis Andrés Caipo Paredes y Jorge Eduardo Meléndez Iberico decidieron acogerse a la figura de conclusión anticipada de proceso, es decir con la intención de reconocer su responsabilidad de los hechos que se les imputa y de esta forma recibir beneficios cuando se emita la condena.

Ante lo expuesto y dada la conformidad del caso por los abogados de los tres procesados y a ante la espera de que el representante de Fiscalía Anticorrupción del Santa, José Olivo Cosio se reúna con ellos y se pongan de acuerdo, el magistrado decidió reprogramarla la diligencia para el 12 de mayo a las 10 de la mañana.

Para ese día el fiscal deberá presentar la propuesta de conclusión anticipada de proceso que se acordó y con ello se podrá imponer la condena, pero esta vez sería menor por el recurso presentado.

Esta investigación data del 2009 cuando Arroyo Rojas era gerente de la Subregión Pacífico. La Fiscalía los acusa de disponer de manera ilegal e irregular pagos por concepto de movilidad en favor de 34  trabajadores entre nombrados y contratados de esta unidad ejecutora del GRA, generando un perjuicio económico de 176 mil 900 soles.

Para ello cuenta con un informe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash, donde los peritos advirtieron las irregularidades cometidas en estos pagos que causaron un perjuicio económico a la institución.

En ese sentido el fiscal solicitó desde un inicio que se imponga a los tres procesados una pena de 6 años de prisión efectiva. En tanto la Procuraduría Anticorrupción evaluará el monto por reparación civil estimado en 230 mil soles.

Al término de la diligencia, Dennis Montoro, abogado de Arroyo consideró que en este proceso no hay delito “pues todo estaba sustentado legalmente por normas”, aseveró.

(Por: Milton Palpa)