Chimbote en Línea.- El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria del Corte Superior de Justicia del Santa, fundado en parte la tutela de derecho interpuesto por la defensa técnica del  exadministrador del Ministerio Público, Gino Casiano Reyes Roggero, acusado de la presunta comisión del delito de peculado en agravio del Estado.

El juez, Eudosio Escalante Arroyo tomó esta decisión tras escuchar el pedido del abogado Estuardo Montero Cruz, quien no estuvo de acuerdo con el fallo, pues según señaló se viene interfiriendo en el derecho a una buena defensa, porque no hay una imputación-en tiempo y espacio-clara y precisa contra su patrocinado.

En la audiencia que se inició a las 11 de la mañana, el fiscal anticorrupción Felipe Elías Silva argumentó no saber en qué punto de la formalización de la investigación se encuentra la imprecisión que cuestiona la defensa. Refirió que según la tesis, la gestión del exadministrador Gino Reyes y del extesorero Fernando Sotelo Valenzuela no se habría realizado de acuerdo a la función encomendada y se habría apropiado de recursos para su propio beneficio y de terceros, incumpliendo las directivas del periodo 2015 y 2016.

Recordó que se habrían realizado “servicios fantasmas”, tanto para los trabajos de mantenimiento eléctrico, sanitario, pintado de locales, trabajo carpintería, lavado de cortinas, pintado de puertas, a pesar que se percibía dinero mensual de la gerencia general el Ministerio Público de Lima.

Indicó que fueron metas presupuestales de los programas del Instituto de Medicina Legal, Fiscalías superiores, Nuevo Código Procesal Penal, Jóvenes Líderes, Udavit, Fiscalías Escolares, entre otros, haciendo un total de asignación 1 millón 155 mil 36 soles, en el 2015 y la misma cantidad en el 2016. Situación.

“Los acusados emitían su supuesta sustentación de gatos y estarían justificados con documentos falsificados entre estos boletas de pagos y comprobantes que son 56. Tenemos el acta de arqueo de fondos para pagos del MP donde se da a conocer un desorden en su otorgamiento revisión y reembolso de pagos de fondos en efectivos que son materia de investigación”, sostuvo el fiscal.

Dijo que esto se sustentará con la pericia contable de los dos años en el cumplimiento de las metas. “Se ha hecho un control en los proveedores quienes señalan que nunca prestaron el servicio al Ministerio Público, hay testigos en reserva quienes señalan como se hacía la compra de facturas para justificar los servicios. Se ha tomado conocimiento que se adeuda por el servicio de internet durante el 2016 al igual que en Pallasca y Huarmey; seguimos reuniendo más elementos de convicción”, apuntó el fiscal.

Ante todo lo expuesto el juez Eudosio Escalante decidió declarar fundado el recurso de tutela de derecho debido a que el representante del Ministerio Público no cumplió con hacer una imputación circunstancial tanto en el tiempo como en el lugar en lo que respecta al monto que aparentemente se habrían apropiado los imputados cuando se desempeñaron como funcionarios públicos.

La Fiscalía los acusa de haberse apropiado un monto aproximado de 60 mil soles, pero no detalla en el tiempo y espacio para el cumplimiento de metas de los citados programas.

“El Ministerio Público se limito en decir que son servicios fantasmas, pero no ha precisado el monto que corresponde a cada meta de los programas y por el cual se les acusa de peculado”, apuntó.

El  magistrado ordenó al fiscal responsable de la carpeta, dentro del plazo de 20 días cumpla con emitir una disposición de ampliación de lo expuesto en lo que respecta al delito de peculado doloso, precisando así las metas, plazos y montos.

Tanto el representante del MP como el abogado de Reyes Roggero apelaron la decisión del juez, aduciendo que lo fundamentarán en el plazo establecido por ley.

(Redacción Central)