El Poder Judicial presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley integral sobre seguridad ciudadana, el cual plantea reformas en el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y su Reglamento, para enfrentar con mayor eficacia esta problemática.

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La iniciativa fue debatida y aprobada previamente por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y aborda cuatro ámbitos: el sistema de sanciones penales, delincuencia colectiva, la regulación procesal penal y beneficios penitenciarios.

En el sistema de sanciones penales, las modificaciones alcanzan a la determinación judicial de la pena y las circunstancias de agravantes y atenuantes, la aplicación de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad de corta o mediana duración, la responsabilidad de las personas jurídicas y criterios para la determinación de consecuencias aplicables.

También cambios en la pena de inhabilitación de seis meses hasta 20 años, un mejor tratamiento a la pena restrictiva de la libertad, entre otros.
 
En el tema de delincuencia colectiva los cambios normativos están orientados a diferenciar supuestos vinculados a una pluralidad de agentes, específicamente a la criminalidad organizada, así como una mejor tipificación del delito de reglaje o marcaje.
 
Además se propone mayor severidad para penalizar los delitos de receptación y receptación agravada, y la figura del decomiso o pérdida de efectos provenientes del delito.

En el ámbito de la regulación procesal penal, la iniciativa formula mecanismos para evitar la dilación innecesaria en la tramitación de las causas y alcanzar la sanción oportuna de graves afectaciones a la seguridad ciudadana.
 
En esa línea, se proponen modificaciones al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) relacionadas con la confesión sincera y prisión preventiva (artículos 160, 161, 268 y 269), y se propugna su entrada en vigencia en todo el territorio nacional.
 
Respecto a los beneficios penitenciarios, se plantean reformas en el Código de Ejecución Penal vinculadas con la redención especialmente calificada, la semilibertad y liberación condicional, así como criterios para la decisión e impugnación de la semilibertad y liberación condicional.(Fuente: Andina)