Chimbote en Línea.- El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte del Santa tuvo que reprogramar la audiencia de inicio de juicio oral que se sigue contra el preso del expresidente del Gobierno Regional de Áncash, Cesar Álvarez Aguilar, y exfuncionarios de la Subregión Pacífico por el “Caso Modulo de Justicia”  en Nuevo Chimbote.

El juez, Juan Carlos Castro Ávalos fijó para el 12 de marzo a las 9:00 a.m. la próxima audiencia, debido a la inasistencia justificada con un certificado médico de la abogada del extitular de Áncash, Jessica Arteaga  y de la defensora de otra investigada que no lo hizo.

En ese sentido el magistrado emplazó al letrado que no asistió a justificarse en el plazo máximo de 24 horas, bajo apercibimientos de ser excluido del proceso.

Durante la próxima diligencia se ventilarán los presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en la ejecución de la obra del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte del Santa, en Nuevo Chimbote, la cual estuvo valorizada en 14 millones 767 mil soles. A los investigados se les acusa de la presunta comisión del delito de colusión y malversación de fondos en agravio del Estado.

Los imputados se habrían coludido para permitir una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación y ejecución de los trabajos, entre ellos destinar parte del presupuesto para otras obras que obstaculizó ejecutarlo en el plazo previsto, sumado a que se declaró desierta la licitación para direccionarla hacia el postor Consorcio Jurídico, pese a que no reunía los requisitos.

En este caso, la Fiscalía luego de los peritajes realizados acusó a Álvarez Aguilar del presunto delito de malversación de fondos y de colusión y por ello pidió una pena de 8 años de cárcel. Mientras que para el exgerente de la Subregión, Juan Carlos Gallo Zegarra por el delito de malversación de fondos, la Fiscalía solicitó 3 años de pena privativa de la libertad.

En este caso también están involucrados además la prófuga exgerente de la Subregión Pacífico, Pamela Bermúdez Rodríguez; así como también los exfuncionarios William Bejarano Rivera, Enrique Godoy Palacios y Cecilia Alfaro García, los miembros del comité de licitación, a quienes se les acusa del delito de colusión por haber declarado desierto hasta el dos oportunidades el proceso.

Ellos habrían favorecido a quienes integraron en aquel entonces el Consorcio Jurídico, Julio Martínez Estrada, Mariela Rivero Antúnez y Laidy Romayna Romero, pese a no tener experiencia e incluso deudas en la Sunat.

En la próxima audiencia se deberá dar inicio a los alegatos de apertura por parte del representante del Ministerio Publico, tras la acusación presentada y el pronunciamiento de la defensa de los demás procesados.