Situación de las más de 400 mil trabajadoras del hogar en el Perú

Chimbote en Línea (Economía)  La gran mayoría de trabajadoras del hogar en el Perú perciben remuneraciones por debajo del sueldo mínimo vital (S/. 750), realizan extensas jornadas de trabajo y carecen de seguro social, revela un informe de la Defensoría del Pueblo difundido hoy.

El defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega Luna, quien presentó el Informe de Adjuntía: “Las Trabajadoras del Hogar en el Perú: supervisión a los sectores encargados de la promoción y defensa de sus derechos”, exhortó a las instituciones competentes a adoptar medidas para revertir esta situación.

Refirió que, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), alrededor 404 mil 127 personas se dedican al trabajo del hogar remunerado, de las cuales el 85% percibe sueldos inferiores al mínimo vital y solo el 22.4% se encontrarían aseguradas en EsSalud, pese a que la norma lo exige.

Por su parte, la adjunta para los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés, afirmó que es necesario que el Congreso de la República modifique la Ley Nº 27986 a fin de que contemple el derecho a la remuneración mínima vital de las trabajadoras del hogar.

Asimismo, debe exigirse un contrato escrito para la prestación de los servicios domésticos, así como un trato no discriminatorio en lo referido a vacaciones, gratificaciones, sobretasa por laborar en días feriados y compensación por tiempo de servicios (CTS).

Garcés destacó, además, la necesidad de realizar acciones coordinadas entre las entidades públicas con competencias en la materia, por lo que exhortó al MTPE y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a liderar la articulación de esfuerzos dirigidos a fortalecer la difusión de los derechos de este sector de la población.

“Lamentablemente, la desprotección que hoy enfrentan las trabajadoras del hogar se conecta con graves problemas sociales como el racismo, el sexismo y la pobreza. Por ello, para hacer frente a esta situación, además de la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas por parte del Estado, se requiere el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas”, concluyó Vega Luna.

Para realizar el mencionado informe, la Defensoría del Pueblo supervisó cinco ministerios con competencias en la materia, tres organismos públicos (Sunat, EsSalud y ONP).

Fuente: Andina

Foto: Sancochadocultural

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