Chimbote en Línea.- La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 284 625.08 en el Gobierno Regional de Áncash como consecuencia de la inaplicación de penalidades y la no deducción de pagos por la ausencia del ingeniero residente en la obra de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y unidades básicas de saneamiento en los sectores de Quilla, Mashinca, Viejo Viscas, Patsmare, Quenhuan, Huallin, en el distrito de Chacas, provincia de Asunción.

Mediante el informe de Servicio de Control Específico 046-2021-2-5332, cuyo periodo de evaluación comprende del 16 de febrero de 2018 al 31 de diciembre del 2020, se determinó que funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Áncash aprobaron y liquidaron la obra sin aplicar penalidades por la no permanencia del ingeniero residente; tampoco dedujeron los pagos realizados por dicho concepto.

La comisión de control evidenció que el contratista ejecutó la obra sin la presencia permanente del ingeniero residente debido a que laboraba como docente auxiliar a tiempo completo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam); no obstante, la entidad no aplicó la penalidad correspondiente a pesar de que el coordinador de obra recomendó considerar las penalidades en el proceso de liquidación.

Mediante un oficio, la Unasam precisó que, según las planillas de asistencia, entre los meses junio a octubre del año 2018 el profesional registró su asistencia con normalidad de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm; además, los estatutos de la universidad establecen que un docente dedicado a tiempo completo no puede trabajar bajo la misma condición (a tiempo completo) en otra institución pública o privada.

Los auditores consultaron a las autoridades locales de los centros poblados que habían firmado constancias acreditando la permanencia del ingeniero residente en la obra, sin embargo, precisaron que dicho profesional fue visto en el lugar de vez en cuando.

La comisión control determinó que el ingeniero residente no asistió a la obra 141 días, razón por la cual, se debió aplicar las penalidades al contratista por la no permanencia de este profesional; además no correspondía ejecutar los pagos de residente de obra por ese periodo; sin embargo, dichos pagos no fueron deducidos durante la liquidación de la obra, a pesar que, en el 2019 la Contraloría General advirtió esta situación mediante un informe de visita de control.

Por este caso dos funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa, por lo que el informe fue derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales. De igual forma fue notificado al gobernador regional para las acciones administrativas que correspondan.

El informe se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control en la página web institucional www.gob.pe/contraloría.

El Dato:
La obra fue adjudicada por S/ 9 874 177.94 con un plazo de 365 días y su ejecución inició en febrero del 2018.