Chimbote en Línea.- Ante el reciente anuncio del Gobierno sobre los últimos acuerdos realizados con diversos laboratorios para acceder a eventuales vacunas contra el COVID-1.

Y teniendo en cuenta que  se indica, podrían estar disponibles en un periodo de dos a tres meses, pero cuya aplicación depende de autorizaciones de entidades competentes, que serían agilizadas con la aprobación de un proyecto de ley presentado al Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:

1.    El acceso a una vacuna segura y eficaz contra el COVID-19 constituye una prioridad nacional. Dada su importancia, es deber del Estado garantizar absoluta transparencia en la gestión de esta política, y suministrar de manera permanente y activa información pública a la ciudadanía sobre el alcance de los acuerdos anunciados, así como los términos en los que se llevarán a cabo. Es fundamental que esta información se encuentre disponible en formatos accesibles a todas las personas. En tal sentido, el Poder Ejecutivo debe instalar una plataforma web especial para la publicación de todos los acuerdos, contratos, disposiciones legales, planes de acción, reportes, u otros datos, sobre las acciones realizadas por el Gobierno para implementar la vacunación.

2.    Como es de público conocimiento, existen tres vías para asegurar la compra de las vacunas. La primera es el Mecanismo de Covax Facility de la Organización Mundial de la Salud, destinado a garantizar un acceso equitativo a todos los países del mundo; la segunda alude a los procesos de compra directa con empresas farmacéuticas y fabricantes; y la tercera incluye acuerdos con laboratorios que, a cambio de ofrecer dosis a precios especiales o en donación, logran que sus ensayos clínicos se lleven a cabo en dicho país. Las acciones y negociaciones bilaterales iniciadas por el Gobierno en cada una de estas vías, así como el resultado de ello, deben ser constantemente comunicadas a la población, en términos sencillos, a través de la mencionada plataforma.

3.    Cabe señalar que, el proceso de inmunización contra el COVID-19 va más allá de la firma de acuerdos con entidades encargadas de producir o distribuir las vacunas. Esta es apenas una de las fases de un amplio proceso que va desde la adquisición, conservación, distribución y aplicación nacional. Resulta indispensable, así, transparentar y realizar una continua rendición de cuentas sobre la situación en la que se encuentra el Estado peruano en cada una de estas etapas, a efectos de identificar los desafíos logísticos y operativos que podrían retrasar la entrega final de estos bienes. Se sabe, por ejemplo, que el traslado de una clase de vacuna debe darse a temperaturas de -80 °C, lo que exige disponer de congeladoras especiales, mientras que otras, no lo necesitarían. En cualquier caso, el éxito de la vacunación nacional dependerá de una debida planificación que evalúe, por ejemplo, la identificación previa de la población a la que se le aplicará, el número de lugares de aplicación, el número de horas que atenderá cada centro de vacunación, los lugares de almacenamiento, el personal con que se cuente, y otros aspectos que se deben anticipar.

4.    El adelanto de fechas en las que se podría contar con la vacuna, sin precisar los alcances de este proceso y cada una de sus etapas, así como los datos logísticos y demás recursos para su aplicación, no solo puede generar falsas expectativas en la población, sino que puede contribuir a que esta baje la guardia en el respeto irrestricto de las medidas de prevención y contención de la expansión del virus. Aunado a ello, la falta de información sobre este proceso aumenta la posibilidad de que las noticias falsas, que generen miedo y zozobra en la población, deslegitimen la implementación de esta política y pongan en riesgo su efectividad. Según una encuesta reciente, del 22 % de personas que no se aplicaría la vacuna, un 46 % desconfía de su eficacia y un 40 % cree que puede traer otras enfermedades[2]. Por ello, además de informar de manera activa sobre el proceso de compra, urge también emprender una campaña de comunicación que dé confianza a la población sobre la eficacia de la aplicación de las vacunas.

5.    Finalmente, cabe recordar que, el país sigue viviendo los embates de una crisis que, hasta el momento, de acuerdo con cifras oficiales, ha generado la pérdida de más de 31 000 vidas humanas, más de 780 000 contagiados, millones de personas desempleadas y múltiples afectaciones a derechos humanos. Por ello, exhortamos a la ciudadanía a no descuidar las medidas de prevención y seguridad para evitar la propagación del virus. Por su parte, demandamos al Poder Ejecutivo que haga público el plan de vacunación masiva contra el COVID-19 que viene implementando, indicando en qué etapa del proceso nos encontramos. Ello permitirá articular a todos los entes estatales e integrar a la sociedad en un solo objetivo: acceder a una vacuna segura para proteger la salud de nuestra población.