Chimbote en Línea.- El contralor general, Nelson Shack, advirtió que la sensación de impunidad se notará en la ciudadanía cuando no se sancionen a funcionarios que han cometido actos de corrupción o inconducta funcional, y en especial en el período de la Emergencia Sanitaria Covid-19, por lo cual reiteró su exhortación al Congreso de la República, de devolverle a la Contraloría la capacidad sancionadora reconocida constitucionalmente.

Fue durante su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres del Congreso de la República, ante la cual precisó que la ciudadanía conocerá -mediante los informes de control- de los casos irregulares cometidos, incluso durante la pandemia, así como quiénes los han perpetrado, y reclamará sanciones oportunas, sin embargo, éstas en muchos casos no se darán.  “No podemos permitir, menos justificar, que los responsables de un acto irregular queden exentos de sanción”.

“Cuando se empiecen a publicar los resultados del control posterior en Huancavelica y en todo el país, la ciudadanía conocerá quiénes son los funcionarios que han cometido irregularidades, inconductas funcionales en el ejercicio de su función o incluso ilícitos penales que merecen ser sancionados, pero ahí vendrá el problema, por la gran sensación de impunidad que todavía existe, ya que la Contraloría hoy tiene recortadas sus capacidades para sancionar administrativamente a nadie”, alertó.

Esta incapacidad, recordó, fue ocasionada por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) desde abril del 2019, por lo cual exhortó al Congreso a priorizar el debate y la aprobación de la ley que devuelve la capacidad de sanción a la Contraloría.

“Es necesario que se apruebe el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso, incluso, en una versión actualizada, en donde se han incluido las infracciones sobre el tema de la pandemia”, agregó.

Al mismo tiempo, dijo que “no solo se trata de sancionar a quienes hacen mal las cosas, sino también a quienes no ejecutan oportunamente las decisiones. La omisión en las funciones, la no ejecución apropiada del gasto y el retraso injustificado en la ejecución de bienes y servicios públicos que la ciudadanía necesita, también debe ser sancionado y en consecuencia los responsables inhabilitados o suspendidos de su función”.