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Contraloría establecerá responsabilidades e irregularidades cometidas durante la emergencia sanitaria

 Chimbote en Línea.- El Contralor General Nelson Shack, informó que durante el segundo semestre de este año se iniciará el control posterior para identificar las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales de funcionarios públicos, que habrían cometido irregularidades durante la ejecución de los recursos públicos asignados a nivel nacional para atender la emergencia sanitaria COVID-19.

Así lo anunció ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 del Congreso de la República, en la que manifestó que dicho control se fundamentará en los más de 7 mil informes de control emitidos como resultado de la estrategia integral a la emergencia sanitaria que se aplicó en todo el país.

Señaló que antes de pasar a dicha etapa, se verificará si las autoridades atendieron y activaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos o situaciones adversas identificados desde el mes de marzo, plasmados en los informes de control simultáneo disponibles en el portal web Monitor de Control y Transparencia COVID-19. El control posterior implicará el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios, a nivel individual, que motivará posibles denuncias ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Resultados en Áncash

La Contraloría General emitió 394 informes de control simultáneo como resultado de las intervenciones realizadas en 392 entidades públicas (municipalidades, gobierno regional, Policía Nacional del Perú, tres hospitales, entre otras instituciones), ubicadas en las 20 provincias del departamento de Áncash.

Los informes permitirán auditorías de cumplimiento en los hospitales Hospital “Víctor Ramos Guardia” (Huaraz) y “Eleazar Guzmán Barrón” (Nuevo Chimbote), y del establecimiento penal “Víctor Pérez Liendo” (Huaraz), en donde se han detectado omisiones y hechos en materia de infraestructura, servicio médico y medidas de prevención, los mismos que han sido informados por la Contraloría.

En el caso de la Dirección Regional de Salud de Áncash, se realizará un servicio de control específico por la compra de equipos de protección personal sin especificaciones técnicas del área usuaria.

Por otro lado, el contralor recordó que ya se alcanzó al Ministerio Público la relación de los 4,200 funcionarios públicos que se habrían beneficiado indebidamente con canastas básicas familiares, según los reportes alcanzados por los respectivos municipios. Para el caso de Áncash, son 33 funcionarios públicos que perciben más de S/ 3 000.00 mensuales, quienes se habrían beneficiado con una ayuda destinada a poblaciones vulnerables, indicó.