Chimbote en Línea.-  La Contraloría General de la República alertó que las actas de entrega de las 330 canastas con alimentos para familias vulnerables distribuidas por la Municipalidad Distrital de Cochapetí, en la provincia de Huarmey, presentan omisiones que afectan la transparencia de la gestión, limitan el control gubernamental y social; además las deficiencias detectadas en la calidad de las conservas de pescado ponen en riesgo la salud de los beneficiarios.

Los hechos se identificaron en la visita de control, realizada del 18 al 19 de mayo de 2020, a las actividades de regularización de la documentación de la contratación directa para la adquisición de bienes que conforman la canasta básica familiar, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19; para lo cual la comuna recibió S/ 50,000 del gobierno central.

En el Informe de Visita Control N° 4541-2020-CG/GRAN-SVC, elaborado por la Gerencia Regional de Control de Áncash, se detalla que la entidad no conformó el comité de adquisición y distribución de los kits con productos alimenticios, ni el comité de veeduría o vigilancia ciudadana que permita fiscalizar el proceso de reparto a las familias vulnerables de la jurisdicción; tal como exige la norma al respecto.

Además, la Municipalidad Distrital de Cochapetí implementó un formato de acta de entrega de canastas que solo consigna las firmas y huellas dactilares del beneficiario y funcionario de la entidad. En las 330 actas de entrega verificadas se evidenció que carecen de firma y visado del representante del comité de fiscalización y/o vigilancia ciudadana, así como de la hora y fecha de entrega de esta ayuda social a familias de los caseríos de Huichay, Pirauya, Lampi, San Isidro, Yauyán, Santa Cruz, Huataspin y Cochapetí.

Los auditores también advirtieron que las conservas de pescado filete de caballa distribuidas en la canasta básica familiar no cuentan con autorización sanitaria de producción; es decir, la certificación que respalde la calidad sanitaria del producto, dado que no se encontró registro vigente emitido por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) que autorice su elaboración y comercialización.

Pese a ello, la Subgerencia de Desarrollo Social y Económico de la mencionada municipalidad otorgó la conformidad a la recepción de las conservas de pescado, solo en términos de marca y cantidad, omitiendo la verificación de la calidad del mismo; poniendo en riesgo la garantía de la inocuidad del producto alimenticio y consecuentemente, la salud de la población beneficiaria.

Los resultados de la acción de control fueron comunicados al titular de la entidad, el pasado 25 de mayo del 2020, con la finalidad de que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional; otorgando un plazo de cinco días hábiles para la presentación de un plan de acción a implementarse que permitan atender las situaciones advertidas.