Chimbote en Línea.- Como resultado de los servicios de control realizados en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, la Contraloría General supervisó los procesos de compras, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres de primera necesidad a familias vulnerables en 561 municipalidades de todo el país, de los cuales el 32% estaban en la fase de compra y distribución de estas canastas sin observación alguna, mientras que en el resto se identificó algún tipo de hecho que podría afectar la finalidad de dicha ayuda.

Del total de municipios intervenidos, 91 corresponden a jurisdicciones provinciales, y 470 a distritos de todas las regiones. En este megaoperativo de control a los gastos de la emergencia sanitaria COVID-19, intervienen más de 400 auditores.

HECHOS DETECTADOS

El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles con el fin de que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.

Los hechos detectados están asociados principalmente a las deficiencias en la distribución de canastas que se presentaron en 130 municipios (23% del total), tales como la falta de padrones de beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, personal edil sin equipos de protección, entre otros.

En segundo lugar, se ubicó la demora en los procesos para adquirir los víveres, lo que se reflejó en un total de 113 municipalidades que representan el 20% del total de entidades ediles supervisadas. En este grupo se encuentran las municipalidades que demoraron en la convocatoria de procesos, demora en la elección del proveedor e incumplimientos de proveedores en la entrega de productos.

También se detectó que 86 municipalidades (15% del total) tienen deficiencias en la fase de almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados, sin documentación respectiva o sin personal debidamente protegido, para almacenar los víveres antes de ser distribuidos.

Otro hecho detectado por los auditores fueron las deficiencias en los productos adquiridos por 33 municipalidades (6% del total), entre los cuales figuran las diferencias en el peso de los productos adquiridos, la falta de registro sanitario, falta de inocuidad, ausencia de fecha de vencimiento, alimentos en malas condiciones, entre otros.

Mientras que el 32% (179) de municipios se encontraban, al momento de la visita de los auditores, en la fase de implementación de los procesos de adquisición de víveres y la distribución de canastas a las familias vulnerables beneficiarias, siguiendo lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 033-2020. Mientras que 15 municipalidades (3%) culminaron con la distribución de canastas de víveres.

En menor medida, pero no menos importante, son los casos de sobrevaloración de precios de víveres adquiridos, la ausencia de funcionarios que imposibilitó realizar las visitas de control, proselitismo en la entrega de canastas y la entrega de canastas a familiares de autoridades y funcionarios ediles, lo cual será establecido en los respectivos informes de control que se publicarán progresivamente en la página web de la Contraloría.

A NIVEL NACIONAL

Sólo en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los auditores de la Contraloría visitaron un total de 50 municipalidades, entre las cuales figuran dos municipios provinciales y 48 distritales. Al interior del país, la mayor cantidad de municipalidades intervenidas se registraron en San Martín (57), Puno (43), Cusco (43), Piura (39), Arequipa (38), Huancavelica (32), La Libertad (30) y Lambayeque (25).

También se supervisaron municipios en Amazonas (19), Ayacucho (19), Apurímac (17), Ica (17), Lima Provincias (17), Junín (16), Ancash (15), Tacna (12), Cajamarca (12), Pasco (11), Tumbes (11), Ucayali (9), Moquegua (9), Huánuco (8), Madre de Dios (8) y Loreto (4).

El servicio de control a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 consistió en el desplazamiento del control en municipalidades provinciales y distritales de las 25 regiones del país, con la finalidad de acompañar y supervisar que las autoridades dispongan prioritariamente la adquisición de esta ayuda, el almacenamiento y su distribución hacia las familias que lo necesitan.