Chimbote en Línea.- Desde el miércoles 10 de enero, la empresa Sedachimbote, que brinda el servicio de agua potable a más de 330 000 habitantes en Chimbote, no puede abastecer sus lagunas de almacenamiento de agua, debido a que el expresidente de la Junta de Usuarios de Infraestructura de Riesgo de Chimbote (Irchim), Daniel Flores Bobadilla, habría dispuesto el bloqueo del canal “Carlos Leigh” para impedir el pase del agua, además de exigir a la empresa el pago de la tarifa de uso de la infraestructura en cuentas bancarias ajenas al Banco de Nación.

Ante esta situación que atenta contra el derecho de acceso al agua y la salud de la población de Chimbote, la Defensoría del Pueblo exhorta a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a ordenar a la Junta de Irchim el desbloqueo inmediato de las compuertas del canal Leigh, a fin de asegurar la dotación de agua y no afectar la continuidad en la prestación del servicio que brinda Sedachimbote S.A., en el marco de lo establecido en el artículo 124 del Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua.

La exigencia del expresidente de la Junta de Usuarios de Infraestructura de Riesgo de Chimbote contraviene el artículo 95 del Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, del Reglamento de la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, en el cual se dispone que los recursos provenientes de las tarifas de agua deben ser depositados en cuentas abiertas en el Banco de la Nación, a nombre de las Juntas de Usuarios.

El representante de Sedachimbote sostiene que la empresa ha cumplido con pagar la tarifa respectiva hasta noviembre del 2017, realizando los depósitos en una cuenta de ahorros de la Caja Municipal del Santa, la cual no se encontraba registrada a nombre de la Junta. Los pagos en esta cuenta motivaron a la ANA a iniciar un procedimiento sancionador contra los exdirectivos de la Junta de Usuarios por cuestionamientos en el manejo de los recursos. Cabe indicar que, la cuota del 2017 sí se depositó en la cuenta del Banco de la Nación de la Junta de Usuarios.

La Defensoría del Pueblo precisó que para facilitar las investigaciones, la ANA debe evaluar la designación de un equipo que de manera supletoria y temporal administre la infraestructura, para garantizar el desarrollo de actividades como la producción de agua potable, la agricultura, entre otras, así como disponer la habilitación de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para que en adelante los usuarios del sistema efectúen los pagos correspondientes.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Chimbote ha comunicado este hecho a la Segunda Fiscalía Especializada en Prevención del Delito a fin que adopte las acciones correspondientes y que brinde el apoyo correspondiente a la ANA para la implementación de las medidas adoptadas.