Chimbote en Línea.- El diálogo entre el sistema de justicia ordinario y el de la justicia indígena, comunitaria o de las rondas, logrará un gran avance al incorporar a todos los operadores de la justicia en esta tarea y si se aprueba pronto una ley específica, sostuvo el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo al clausurar el VIII Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural en la ciudad de Huamanga.

Destacó por ello que la Declaración de Ayacucho, documento con las conclusiones del evento, enfatice la “construcción de un sistema de justicia intercultural”, demandando la participación de instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Policías y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, demandó que los pueblos originarios apoyen una ley de desarrollo constitucional sobre la coordinación entre ambas justicias: “Ahora queremos dar otro salto para dar más atribuciones al derecho indígena. No tengamos miedo, debatamos el proyecto de ley que desarrolla el artículo 149 de la Constitución”, planteó ante el aplauso de los 300 participantes.

Declaración de Ayacucho

La clausura del VIII Congreso Internacional sobre Justicia Ambiental, que duró tres días, se realizó en un clima de algarabía por la unanimidad de sus acuerdos, plasmados en la Declaración de Ayacucho. Este documento ratifica la importancia de que una ley de desarrollo del artículo 149 de la Constitución Política sea sometida a la consulta previa con las autoridades e integrantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas.

También exhorta al Congreso de la República del Perú, en tanto y en cuanto responsable de llevar a cabo el proceso de consulta previa de la ley de desarrollo del artículo 149 de la Constitución, a tomar en cuenta que el contenido de esta norma, en lo que al derecho penal se refiere, considere que las autoridades de la jurisdicción especial pueden y deben ser competentes para resolver todos los delitos estrictamente comunitarios y basados en el derecho propio.

En este debate –agrega la Declaración de Ayacucho- deben incluirse, por ejemplo, los delitos contra la humanidad, los delitos contra la seguridad del Estado, los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

Asimismo, los delitos financieros y monetarios, los delitos de espionaje y traición a la patria, los delitos de terrorismo, los delitos de tráfico ilícito de drogas, los delitos de organización criminal, los delitos de lavado de activos o los delitos informáticos.