Chimbote en Línea.- Advirtiendo que existieron graves falencias en el procedimiento del Referéndum que buscaba evaluar el desempeño de jueces y fiscales del distrito del Santa, el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Carlos Salazar Hidrogo, en representación de los magistrados de este distrito judicial, anunció que observará el proceso de evaluación.

El titular de la Corte del Santa refirió que hubieron cuestionamientos respecto al procedimiento que habría utilizado el Colegio de Abogados al momento de realizar el escrutinio, en el cual los veedores del Poder Judicial, Ministerio Publico, así como el notario Guillermo Cam Carranza no fueron convocados, tal y como lo estipula el Artículo 20 del Reglamento sobre el Conteo y Tabulación, aprobado por la Junta Directiva del referido Colegio, pese a que esto fue informado por el decano. Además la evaluación fue cuestionada por los mismos abogados e incluso en la lista aparecían magistrados que ya no laboran en el distrito judicial.

“Hemos esperado pacientemente los resultados del Referéndum hecho público el pasado 15 de noviembre por el Colegio de Abogados del Santa, al cual tuvimos acceso recién cuando solicitamos el informe hace unos días y no antes de la difusión en los diversos medios de comunicación. Consideramos que existe un grado de responsabilidad que tenemos las autoridades ante cualquier anuncio que se realice en los medios, es por ello que nosotros no nos pronunciamos sino hasta tener la certeza de que se habría fallado”, refirió el titular del distrito judicial.

Carlos Salazar Hidrogo lamentó que pese a que ha venido solicitando informes al Colegio de Abogados, como el símil del referéndum llevado a cabo en el 2013, este no haya sido proporcionado y que se haya publicado la información sin antes hacerla extensiva a los interesados como se prometió. Además evitó pronunciarse sobre los resultados finales que calificarían como deficientes a cierta parte de jueces y fiscales del distrito, advirtiendo que si bien se respeta la percepción que se pueda tener, “si no existe un grado de certeza y objetividad en la evaluación, este podría carecer de legalidad. El Poder Judicial y el Ministerio Publico viene haciendo denodados esfuerzos por transparentar su actuación, los resultados son los que al final cuentan”, sentenció.