Chimbote en Línea.- Por la complejidad del caso y por los argumentos expuestos en audiencia, los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa decidieron emitir su resolución por despacho sobre el recurso de apelación a la prisión preventiva que pesa contra el exadministrador del Ministerio Público, Gino Reyes Roggero y el extesorero, Fernando Sotelo Valenzuela por el presunto desfalco en la institución.

En la audiencia realizada en horas de la mañana, los abogados de ambos procesados Estuardo Montero Cruz y Augusto Cruz Rossel expusieron su pedido ante los jueces, Mardelí Carrasco Rosas, Daniel Vásquez Cárdenas y Walter Lomparte Sánchez, prefirieron emitir su fallo en un plazo razonable y de acuerdo a la normatividad, es decir 10 días.

Montero Cruz pidió que se corrobore a través de una pericia el supuesto uso de facturas falsas o clonadas, que se le atribuyen a su patrocinado, a quien- según  dijo-  no tenía como función específica custodiar dinero de reparaciones civiles, sino de bienes incautados.

En tanto, a través de una videoconferencia desde el penal de Cambio Puente, Gino Reyes señalaba que esas facturas fueron entregadas por el proveedor. “En ningún momento he solicitado ese tipo de facturas ni he pagado. En todo caso quien ha clonado esas facturas ha sido el proveedor, jamás nos entregaron facturas en blanco", vociferó.

Vale precisar que el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la sede judicial ordenó que Gino Reyes sea recluido por 18 meses en el penal de Cambio Puente, tras estar inmerso en una presunta comisión de delitos de peculado doloso por apropiación, falsedad genérica y uso de documento privado falso y por el cual podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.

Junto a él es procesado, Sotelo Valenzuela, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. Según la tesis fiscal Reyes Roggero cuando asumía su gestión, es decir desde el 10 de marzo del 2015 hasta el 28 de octubre del 2016; junto al extesorero Sotelo Valenzuela incurrieron en manejos irregulares con los recursos de la institución. Para ello se valieron de facturas, boletas, recibos por honorarios presuntamente falsificados; asimismo se hicieron  prestaciones de servicio con proveedores, que nunca se realizaron. Entre los servicios figuran el de reparación y mantenimiento de los locales y bienes del Ministerio Público del Santa.

También se habrían sustentado con documentos falsos los pagos de luz, agua, internet, teléfono, arbitrios, viáticos y de algunos programas que se realizaban como parte de la labor de la institución.

(Por: Milton Palpa)