Chimbote en Línea.- El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició procedimiento administrativo sancionador a 26 empresas dedicadas a comercializar combustibles diésel y gasoholes de 84, 90 y 95 octanos.

Así lo dio a conocer la jefa zonal de Indecopi, Judith Rodrigo Castillo, quien precisó además que también se investiga a ocho propietarios de estos negocios por una presunta concertación al emitir precios y promociones para la venta de gasolina en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.

Dijo que la investigación se inició el 30 de diciembre del 2016 por las practicas colusorias en la modalidad de acuerdos se encuentran comprendidos entre mayo del 2012 y 2015. Mientras que en el caso de las promociones el periodo se dio entre julio del 2014 y 2015.

Detalló que entre las empresas se encuentran: Servicentro Daytona S.A.C., Nordi Estaciones S.A.C., Servicentro UNR S.A.C., Estación de Servicios Los Ángeles UN S.A.C., Transportes y Servicios Múltiples, Grifos Espinoza S.A., Estación Pardo S.A., Grifo El Porvenir S.R.L., GLP Granel, Petrogas S.R.L., Rentik S.A., Grifo El Campeón, Corporación Dino S.A., Energigas, Negocios e Inversiones La Unión, Servicentros Casuarinas, entre otros.

“A estas personas se les abrió el procedimiento porque se habría verificado cierta participación en las presuntas prácticas. A  través de la secretaría de Comisión de Defensa y Libre Competencia es que se obtuvo evidencia mediante correos y archivos durante la inspección a los locales. Se ha revelado la permanente coordinación entre los participantes de la Asociación de Estación de Servicios Áncash- Costa que tendría la fijación concertada de precios y condiciones comerciales”, sostuvo.

Asimismo señaló que entre los empresarios se encuentran: Josué Noriega Ravelo, Evelyn Lidia Noriega Aponte, César Augusto López Coloma, Freddy Iván Sánchez Achamizo, Jaime Enrique Arenas Yepez, Eudolio Ponte Villanueva, Ángel Figueroa Fiestas y Mario Jesús Mena Bravo.

La funcionaria dijo que los investigados tienen 30 días para presentar sus descargos y apelaciones. “Una vez que se resuelva estos recursos y se determine si la información presentada es confidencial o no, recién comienza a correr este plazo y luego se dará paso a la etapa aprobatoria por un periodo de 7 meses. “El caso se encuentra en manos de la secretaría técnica de dicha comisión de Indecopi Lima”, señaló.

Añadió que de comprobar estas presuntas irregularidades, las multas a sancionar van desde 500 UITs hasta más de 1000.

(Por: Milton Palpa)