(Perú en Línea) La primera en la lista de 100 propuestas presentadas por la Comisión Presidencial de Integridad para la lucha anticorrupción pone a prueba a los más altas autoridades del gobierno y funcionarios del Estado; quienes tendrían que aceptar transparentar sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo antes del 31 de enero del 2017.

La mencionada comisión, que presentó su informe final el pasado 5 de diciembre ante la Presidencia de la República, propone que los altos funcionarios, sus asesores directos y quienes ocupan cargos de confianza deberán presenten ante su entidad una Declaración Jurada de Intereses.

En dicha declaración se recogerá información sobre la razón social y RUC de las empresas, sociedades u otras entidades en la que el declarante posea alguna clase de participación patrimonial o similar; así como el porcentaje o derechos de participación.

Además deberá especificar la institución o empresa donde ocupe cargo o pertenezca a directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos y similares;  entidades donde ha laborado, realizado asesorías, consultorías en los sectores público y privado, remunerados o no, en los últimos cinco años; a qué organizaciones privadas ha pertenecido (partidos políticos, asociaciones, gremios, y organismos no gubernamentales).

El declarante incluirá también la relación de las personas que integran su grupo familiar (padres, suegros, cónyuge, conviviente, hijos, hermanos), incluyendo sus actividades y ocupaciones actuales.

La Declaración Jurada de Intereses se publicaría en el portal web en la entidad del Estado correspondiente, y deberá ser presentada a su respectiva entidad anualmente, así como al asumir y cesar en el cargo.

En ese mismo bloque de propuestas para instaurar la máxima transparencia del Estado se plantea crear el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personale; aprobar una ley de rendición de cuentas aplicable a los tres poderes del Estado y organismos autónomos, que comprenda tanto la gestión presupuestal como el logro de resultados; y mejorar la legislación vigente sobre rendición de cuentas y presupuesto participativo en los gobiernos regionales y municipales.

El informe de la Comisión Presidencial de Integridad, titulado "Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo", contiene 17 medidas concretas para promover el respeto a los principios éticos en la función pública, fomentar la transparencia, y prevenir y sancionar la corrupción.

Entre esas medidas destacan: evitar el tráfico de influencias, impedir el ingreso o reingreso a la función pública de personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activo, transparentar el Sistema de Contrataciones del Estado, evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura.

Además reformar el Sistema Nacional de Control, el Sistema de Justicia para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción y el Consejo Nacional de la Magistratura; combatir el lavado de activos, impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales y limitar la inmunidad parlamentaria, entre otras. (Nora García Vásquez - Perú en Línea)

Ver informe final de la Comisión de Integridad