Chimbote en Línea.- El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa reprogramó el inicio del juicio oral que se sigue contra la alcaldesa provincial, Victoria Espinoza García, el teniente alcalde Julio Cortez, un empresario y un grupo de exfuncionarios acusados de la presunta comisión del delito de colusión por el caso "Semáforos Inteligentes".

Así lo dispuso el juez, Efer Díaz Uriarte luego de escuchar el pedido del recientemente designado como abogado y representante de la Defensa Pública de Chimbote, Fredy Quiroz Rodríguez, debido a que recién fue notificado para asumir el cargo. Dijo que para ello necesita empaparse de la carpeta de investigación, a fin de que se conlleve y se logre una buena estrategia para afrontar el proceso y defienda debidamente a Espinoza y Cortez. "Es por ese motivo que solicitó la reprogramación de la audiencia", expresó.

Previo al pedido, el exabogado de ambas autoridades municipales, Roger Reyes García, sustentó el recurso de reposición que interpuso contra la resolución que en audiencia anterior determinó subrogarlo (excluirlo) del proceso por su inasistencia a la diligencia, la cual fue calificada en su momento por Díaz Uriarte como pretensión de querer dilatar la misma. Este pedido fue declarado inadmisible y se tuvo que reprogramar para el 21 de noviembre a las 9 de la mañana.

El fiscal anticorrupción, Laureano Añanca y el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat no se opusieron a la reprogramación, pues consideraban que no se debería afectar el derecho de la defensa de los procesados.

Vale precisar que en este proceso judicial se encuentran implicados no solo Espinoza Cortez, sino también gerente y subgerente de Obras de la comuna, Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez; asimismo al exfuncionario edil, Aquior Mendoza Mendoza y el propietario de la empresa Consorcio ITS, Nicolás Rivas Gay, a quien se le otorgó la buena pro para la instalación de los aparatos.

La Fiscalía solicita para todos los mencionados una condena de 4 años 10 meses de prisión efectiva y la inhabilitación del ejercicio público por este mismo periodo. En tanto  para Aquior Mendoza por su avanzada edad se pena se redujo en 3. La Procuraduría también exigió como reparación civil 4 millones de soles a favor del Estado.

Según la tesis fiscal, Espinoza García  Cortez Rojas y los funcionarios edilicios se habrían coludido con la citada empresa para  favorecerla en la etapa de licitación de este proyecto y en la ejecución de la obra, tal como lo corroboró un peritaje suscrito que determina una sobrevaloración de más de 3 millones de soles.

(Por: Milton Palpa)