Chimbote en Línea.- Aproximadamente a las 11:30 a.m. de hoy se concluyó la audiencia de lectura de sentencia del proceso seguido contra el gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos Salcedo, por los presuntos delitos de colusión desleal y peculado, siendo condenado a cinco años de prisión privativa de la libertad  por los magistrados de la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash.

El gobernador regional se hizo presente en esta audiencia por lo que la Policía Judicial una vez conocido el fallo, procedió a arrestarlo para posteriormente conducirlo a la carceleta del Poder Judicial. Luego deberá ser conducido hasta el establecimiento penal de la ciudad de Huaraz donde cumplirá la sentencia.

Este es uno de los procesos que se le siguen a Ríos Salcedo, está signado con el expediente 378- 2011, en el que el Ministerio Público sustentó su acusación contra  la autoridad regional por los delitos de corrupción en la ejecución de las obras de alumbrado del Parque Perú y de la berma central de la avenida Antonio Raimondi, así como la electrificación de las plazuelas de los caseríos de San Nicolás, Huamarín, Villa Progreso y del centro poblado menor de Coyllur, en la provincia de Huaraz.

La acusación inicial fue por cuatro delitos: el de malversación de fondos, falsificación de documentos y peculado y colusión desleal; pero los primeros dos ilícitos prescribieron por lo que ya no se juzgó a Ríos Salcedo.

La defensa técnica del gobernador regional de Áncash trató de desvirtuar las acusaciones aduciendo que Ríos Salcedo no conocía de las presuntas irregularidades, ya que él se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Huaraz. La deliberación de los magistrados se prolongó por más de dos horas.

Otros funcionarios que fueron condenados son Suito Saco Vertiz, Rosario Félix Rondán Palma y Joaquín Santiago Romero, aunque este último procesado no se presentó a la audiencia..

El Ministerio Público inicialmente pidió la pena de 15 años de cárcel en este proceso judicial.

El tribunal fijó, además, la suma de ocho mil soles por concepto de reparación civil, monto que será abonado de manera solidaria por los sentenciados a favor de la entidad agraviada.

Asimismo, los procesados  fueron inhabilitados por el plazo de tres años para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 

En la resolución judicial, también se ordena la expedición de las órdenes de captura contra el sentenciado Joaquín Santiago Romero.

Cabe resaltar que en estos momentos se vive un clima de incertidumbre por la administración del Gobierno Regional de Áncash que ha quedado sin la principal autoridad y se desconoce quién asumirá estas funciones.(Redacción Central)