Chimbote en Línea.- Hasta 25 controles de plazo de investigaciones preliminares que se encuentran vencidos es lo que ha dado a conocer la Procuraduría Anticorrupción del Santa quien ha pedido a los fiscales a cargo de las carpetas se pronuncien al respecto.

Para la entidad del Estado en estas carpetas se investigan delitos de corrupción de funcionarios, tanto de las municipalidades y del Gobierno Regional de Áncash. Varias de estas se quedaron en investigación preliminar desde hace 4 años  y en su mayoría supera el año. Se conoció que el pedido bordeará los 50 casos.

Y precisamente esta mañana se desarrolló la audiencia de control de la acusación que involucra al preso expresidente de Áncash, Cesar Álvarez Aguilar, Richard Cabana Chauca, Dirse Valverde Varas y otros, acusados por la presunta comisión del delito de concusión, cobros indebidos y colusión.

Para este caso fue el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia quien solicitó al titular del Sexto Juzgado Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia, Eudosio Escalante Arroyo que exhorte al representante del Ministerio Público que emita las resoluciones y se ponga fin a la investigación preliminar.

Recordó que esta carpeta se apertura el 28 de setiembre del año pasado donde se estableció un plazo de investigación de 120 días; sin embargo hasta la fecha se ha rebasado el plazo razonable.

“El pasado 3 de agosto del 2016 la Procuraduría instó al representante del Ministerio Público para que emita un pronunciamiento  ya sea formalizando o pidiendo el archivo del mismo. No se puede concebir una justicia tardía y con dilaciones, los plazos deben estar establecidos. Por lo que pedimos que declare fundado nuestro pedido de control de plazo”, apuntó el representante del Estado.

Al respecto el fiscal anticorrupción, José Olivo Cosio reconoció que sí se cumplió el plazo; sin embargo pidió que se precise cual es la afectación que se está dando a la Procuraduría de no haber emitido pronunciamiento en el plazo de ley.

Ante lo expuesto Escalante Arroyo declaró fundado el pedido de la Procuraduría y ordenó al representante del Ministerio Público en un plazo de 10 días para que emita un pronunciamiento si archiva o formaliza la investigación preparatoria.

El magistrado señaló que el MP no comunicó si el caso debió declararse complejo por lo que se incidió en la violación del plazo razonable y se violentó el principio de la presunción de inocencia de los procesados.

Por ese motivo ordenó que se remita copia certificada al Órgano de Control Interno del Ministerio Público para tomar conocimiento del ejercicio de la labor de los fiscales. Ante lo expuesto, José Olivo interpuso el recurso de apelación; mientras que el representante de la Procuraduría mostró su conformidad de lo actuado.

(Por: Milton Palpa)