(Por: P. Fernando Asín) Por fin, después de más de 30 años, los familiares de las víctimas de la violencia armada interna en el Perú, se publicó la ley 30470 de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Un resultado de la lucha larga y tenaz de colectividades de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Es el derecho a la verdad. ¿Dónde están? Sin responder a esta pregunta no es posible iniciar un proceso de reconciliación.
Este es el conmovedor relato de un padre de un joven desaparecido a los 15 años, mientras retornaba del colegio: "Si tan solo pudiera encontrar un hueso de mi hijito, lo abrazaría tan fuerte para sentir que lo tengo nuevamente junto a mí y decirle lo mucho que lo amo y extraño. Ese día podré al fin despedirme de él y estaré seguro de que cumplí con la promesa que le hice: "no descansaré hasta encontrarte".

Me impresionó muchísimo el beso que le dio Jorge Noriega a la calavera de su hijo cuando le entregaron los restos de su hijo en la sede del Poder Judicial de Virú, hace unos pocos años. Era uno de los nueve campesinos, detenidos desaparecidos del Santa, por parte del Grupo Colina y que aparecieron unos 40 kilómetros arriba de Chimbote, al lado de la carretera Panamericana, tras más de 20 años de búsqueda.

Una de las cosas más importantes de esta ley es que los deudos ya no tienen que empezar un proceso judicial para echar a andar la búsqueda de su familiar. Basta la razón humanitaria, el derecho a saber, encontrar, identificar y reconocer. Es el derecho a la verdad.
Sin recuperar a estos más de 15 000 compatriotas, cualquier pedido de reconciliación es injusto. Sin entregárselos a sus familiares debidamente identificados para que puedan al fin cerrar su muerte, no habrá base fértil para iniciar el proceso de justicia y reparación de los deudos, y con el suyo, el de todos los peruanos. (De un artículo de Claudia Cisneros, 26/06/16 en La República).

Ahora falta el reglamento de la ley que debe darse en 90 días. Es urgente. Esta norma debe subsanar una de las más graves anomalías heredadas de la violencia armada: la de un Estado indiferente al destino final de más de 15.000 de sus ciudadanos. Es un deber de humanidad ante los familiares de aquellas víctimas. (De Félix Reátegui, asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú).

Es preciso brindarles una esperanza, una luz en la oscuridad. De ahí la importancia del carácter humanitario de la norma, como decía el abogado Víctor Mendoza en un artículo publicado en Mar Adentro. (Publicado en Mar Adentro, agosto 2016) - Foto: RPP