Chimbote en Línea.- Los magistrados, Eudosio Escalante Arroyo y Efer Díaz Uriarte tendrán a su cargo los dos nuevos Juzgados Especializados, uno para delitos de corrupción y otro para crimen organizado y lavado de activos, los cuales serán instalados desde el 1 de agosto en la Corte Superior de Justicia del Santa.

Así lo dio a conocer el presidente de esta sede judicial, Williams Vizcarra Tinedo, quien precisó que en el caso de Escalante Arroyo, con competencia supraprovincial, recibirá una carga procesal de 170 expedientes referidos a temas corrupción de funcionarios, crimen organizado y lavado de activos. Esto siempre y cuando esté en etapa de investigación preparatoria.

Refirió que los casos de corrupción de funcionarios que pasen o están en etapa de Juzgamiento, lo va asumir el juez, Díaz Uriarte. “Hubiésemos querido que ambos jueces sean titulares, pero para hacer la rotación tenemos que tener la aprobación de ambos magistrados. En ambos casos sí han aceptado, pues yo como presidente de Corte no puedo rotar a un titular si no hay aceptación”, anotó.

Dijo que en el caso de este último magistrado asumirá 15 casos en giro y dos por iniciar el juicio. “Vemos que por el caso Nehalem que involucra a la alcaldesa ya no podría pasar a este juzgado, porque la audiencia ya fue instalada por otra sala”, anotó.

Vizcarra Tinedo resaltó la necesidad de crear estos juzgados debido a la alta carga procesal en estas materias, así como de ilícitos penales relacionados a corrupción de funcionarios. “Con estos nuevos juzgados se podrán asumir la carga procesal de estos casos y de los que se presenten a posterior.

El magistrado advirtió que en Casma hay 30 procesos de investigación preparatoria de corrupción de funcionarios. “Muchos de estos son casos datan desde el 2012. Estuvieron paralizados y la idea es removerlos”, apuntó.

Se reunió con jueces penales

El titular de la corte dijo haberse reunido a tempranas horas de la mañana con los jueces penales para tomar acciones frente a las dilaciones de las audiencias, la cuales muchas veces por ausencia de abogados o fiscales terminan reprogramadas.

“Son mecanismos internos que hemos manejado para que no se frustren las diligencias. Que suceda es natural, pero no puede ser reiterativo porque genera un perjuicio económico al Estado”, finalizó.

(Por: Milton Palpa)